El reciente veto del gobernador Samuel García a la ratificación de Susana Méndez como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha desatado una ola de críticas y especulaciones sobre sus verdaderas motivaciones. Este hecho, sumado a otros vetos recientes, ha generado debate sobre si se trata de una nueva estrategia política del mandatario estatal.
¿Por Qué Fue Vetada Susana Méndez?
Susana Méndez, quien ha liderado la CEDH desde 2020, fue la primera titular electa mediante una convocatoria pública. Su gestión se ha destacado por abordar temas sensibles como el tarifazo en el transporte público y los cobros excesivos de Agua y Drenaje de Monterrey. Sin embargo, su postura crítica podría haber incomodado al gobierno estatal.
El veto por parte de Samuel García se dio tras un acuerdo legislativo que buscaba ratificarla para un segundo periodo. En un comunicado, Méndez lamentó la decisión del Ejecutivo estatal y expresó que seguirá trabajando en la defensa de los derechos humanos, particularmente en temas que afectan directamente a la ciudadanía.
¿Estrategia de Venganza o Decisión Justificada?
El veto a Susana Méndez no es un caso aislado. Analistas y ciudadanos han señalado que esta acción podría formar parte de una estrategia política más amplia. Los vetos en Monterrey, tras la derrota de Mariana Rodríguez en las elecciones municipales, son un ejemplo reciente que muchos consideran un intento de revancha por parte del gobierno estatal.
En este contexto, el veto a Méndez se interpreta como una represalia contra sus posturas críticas hacia decisiones controvertidas del gobierno, como el aumento en las tarifas de transporte público y los problemas con los cobros de agua. Estos temas han generado una gran cantidad de quejas ciudadanas, que la CEDH ha atendido de manera activa.
Impacto en los Derechos Humanos y la Sociedad
La CEDH, bajo el liderazgo de Méndez, ha sido reconocida como una de las principales defensoras de los derechos humanos en el país, ocupando el primer lugar en la recepción y atención de quejas a nivel nacional. Entre los casos destacados que han atendido se encuentran denuncias sobre inseguridad jurídica y cobros indebidos que afectan a miles de familias en Nuevo León.
“La ambigüedad en los cobros de agua vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica, lo que impacta directamente en los derechos humanos de las personas”, expresó Méndez en un comunicado. A pesar del veto, reafirmó su compromiso de seguir trabajando en conjunto con la sociedad civil para garantizar que estas problemáticas sean atendidas.
¿Qué sigue para Susana Méndez y la CEDH?
A pesar del veto, la decisión final sobre la ratificación de Méndez recae en el Congreso del Estado. Este organismo deberá decidir si ratifica o rechaza su continuidad como presidenta de la CEDH. Mientras tanto, Méndez ha dejado claro que su labor no se detendrá, y continuará trabajando por los derechos de los ciudadanos.
La pregunta queda abierta: ¿es esta una acción legítima del gobernador o una estrategia de venganza política para silenciar las voces críticas? El caso de Susana Méndez pone sobre la mesa la relación entre política y derechos humanos en Nuevo León, generando un debate que seguirá dando de qué hablar.
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