Dos exfuncionarios de la Tesorería estatal han sido vinculados con el hackeo a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ocurrido en febrero de este año. Las investigaciones revelaron la colocación de un dispositivo en los servidores de la Fiscalía, lo que permitió la extracción remota de datos sensibles. Este caso ha puesto en el centro del debate la seguridad informática y posibles complicidades internas en el gobierno estatal.
Investigaciones revelan dispositivo en servidores
El encargado del Despacho de la Fiscalía, Pedro Arce, confirmó que las investigaciones comenzaron en marzo, cuando el área de Informática detectó actividad sospechosa en los sistemas. Especialistas en ciberseguridad descubrieron un dispositivo Raspberry Pi 5 conectado en el área de servidores del Piso 7 del edificio de la Tesorería estatal, en el centro de Monterrey, donde también se encuentran oficinas de la Fiscalía Anticorrupción.
El dispositivo habría permitido la extracción remota de información, comprometiendo la seguridad de la Fiscalía. Tras analizar los registros de las cámaras de seguridad, las autoridades identificaron a dos ex empleados de la Tesorería ingresando al área restringida. Ambos sospechosos ya tienen órdenes de aprehensión en su contra.
Uno de los implicados dejó de trabajar en la Tesorería en febrero, mientras que el otro renunció en octubre. A pesar de que versiones preliminares sugerían la sustracción de hasta 960 carpetas de investigación y 13 mil archivos, la Fiscalía aún no ha confirmado el número exacto de documentos comprometidos.
Dudas sobre complicidades internas
El caso ha generado especulaciones sobre posibles complicidades internas dentro del gobierno estatal. Aunque algunos rumores apuntaban a la participación de Paul Cortez Suárez, director de Inteligencia de la Fiscalía, las autoridades aseguraron que él no está bajo investigación en este momento.
El hackeo también se desarrolla en un contexto de tensión entre el gobierno estatal y la Fiscalía Anticorrupción. En noviembre de 2022, el gobierno de Nuevo León solicitó a la Fiscalía desalojar las oficinas que ocupaba en los pisos 4 y 7 del edificio de la Tesorería. Más tarde, en marzo de 2023, funcionarios estatales impidieron el acceso al entonces encargado del Despacho de la Fiscalía, José Facundo Bustos Banda.
Pedro Arce señaló que las investigaciones continúan para determinar si más personas están involucradas en este incidente, que ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los sistemas gubernamentales y el manejo de datos sensibles.
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La vinculación de dos ex empleados de la Tesorería estatal con el hackeo a la Fiscalía subraya la necesidad de fortalecer la ciberseguridad en las instituciones públicas. A medida que avanza la investigación, se espera que las autoridades esclarezcan el alcance del robo de información y tomen medidas para prevenir futuros incidentes.
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