El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Nuevo León ha otorgado una suspensión al gobernador Samuel García, impidiendo temporalmente que el Congreso local lo sancione en uno de los juicios políticos que enfrenta. Esta medida ha generado críticas y cuestionamientos, especialmente porque parece contradecir las disposiciones legales que limitan la intervención del TJA en asuntos legislativos.
Conexiones Políticas de Samuel en el Tribunal
La controversia se intensificó tras revelarse que el TJA, encargado de otorgar la suspensión, cuenta con la presencia de cuatro ex empleados del despacho jurídico propiedad de Samuel García y su padre, Samuel García Mascorro. Estas conexiones han llevado a muchos a cuestionar la imparcialidad del Tribunal y a sospechar de posibles influencias políticas detrás de la decisión.
La suspensión fue otorgada por Elva Gabriela Sánchez, secretaria de la Segunda Sala Ordinaria del TJA en funciones de magistrada, quien pidió al Congreso local abstenerse de imponer cualquier sanción al gobernador, aunque permitiendo que el proceso siga su curso. No obstante, este acto ha sido criticado porque el artículo 56, fracción 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado señala que el juicio ante el Tribunal es improcedente contra actos legislativos del Congreso.
En contraste con la decisión del TJA, el mismo día el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado desechó dos demandas de amparo presentadas por Samuel García con las que pretendía frenar el juicio político en su contra. El juez federal Francisco Manuel Rubín de Celis resolvió que los hechos no son impugnables vía amparo, lo que pone en evidencia la disparidad en las resoluciones judiciales sobre este caso.
Trasfondo del Juicio Político de Samuel García
El juicio político contra Samuel García fue iniciado por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León el 15 de agosto, en respuesta a presuntas violaciones reiteradas a la Constitución, diversas leyes, normas electorales y mandatos de la Corte. Además, el gobernador enfrenta otro proceso por no haber presentado el Presupuesto 2023 en tiempo y forma, lo que ha aumentado la presión sobre su administración.
La suspensión otorgada por el TJA a Samuel García ha sido vista como un movimiento que podría estar influido por conexiones políticas, dadas las relaciones laborales entre el despacho del gobernador y miembros del Tribunal. Esta situación ha generado un debate sobre la independencia y la imparcialidad de los órganos de justicia en Nuevo León, así como sobre el manejo de los juicios políticos en la entidad. El desenlace de estos procesos será crucial para determinar la responsabilidad del gobernador y la legitimidad de las instituciones involucradas.
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