El conflicto entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el Congreso del estado ha escalado debido a la prolongada vacante en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL). A dos años de la renuncia del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, la entidad sigue sin un titular definitivo, situación que ha contribuido a la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Los candidatos propuestos por García para ocupar la Fiscalía han sido cuestionados por sus presuntas conexiones con el crimen organizado, lo que ha agudizado aún más la crisis política.
Conexiones con el Crimen Organizado
Uno de los puntos más controversiales en esta disputa es la relación que algunos de los candidatos de Samuel García tienen con redes criminales. Entre los perfiles propuestos, destacan Carlos Contreras Segovia, Carlos Eduardo Mendoza Cano, Carlos Manuel Cuevas Martínez y Lorena Ahidee Treviño Pérez, quienes han sido vinculados a la delincuencia organizada, además de enfrentar cargos por el ejercicio ilícito del servicio público y enriquecimiento ilícito.
Carlos Manuel Cuevas y Lorena Ahidee Treviño, por ejemplo, enfrentan órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, y se les acusa de formar parte de esquemas de corrupción y lavado de dinero. Las investigaciones señalan también que las triangulaciones financieras de algunos de estos candidatos podrían estar relacionadas con el cártel de los Beltrán Leyva.
Un Congreso Empantanado
El Congreso local, que ha sido escenario de una intensa disputa política, se encuentra paralizado desde el inicio del periodo ordinario en septiembre. Con una votación dividida de 21-21, debido al apoyo de Morena, Verde y PT al Movimiento Ciudadano, no ha sido posible avanzar en temas clave como la elección del fiscal y la aprobación del presupuesto estatal.
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han bloqueado los intentos del gobierno de Samuel García para conseguir el control del Congreso, lo que ha generado un estancamiento legislativo que mantiene a la entidad sin fiscal desde octubre de 2022.
La Batalla de Samuel por el Control de la Fiscalía
Desde la renuncia del exfiscal Gustavo Adolfo Guerrero, quien dejó el cargo en medio de la crisis por el caso Debanhi Escobar, el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal ha sido un campo de batalla entre el gobernador y la oposición. El Congreso, en repetidas ocasiones, ha rechazado los perfiles propuestos por Samuel García, argumentando que no cumplen con los requisitos legales y que sus antecedentes los descalifican para ocupar el puesto.
La propuesta más reciente, Pedro Arce Jardón, fue designado brevemente como fiscal en agosto de 2024, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló su nombramiento, prolongando aún más la incertidumbre en torno al proceso.
Un Futuro Incierto
La crisis política en Nuevo León parece lejos de resolverse, con el gobernador Samuel García enfrentando no solo a un Congreso dividido, sino también a investigaciones que lo señalan por presuntos desvíos de recursos a través de empresas ligadas al crimen organizado. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia sigue sin un titular, y la seguridad de la entidad continúa siendo un tema crítico en medio de un vacío de liderazgo.
Esta rebatiña por el control de la Fiscalía refleja las profundas divisiones políticas en Nuevo León y la influencia del crimen organizado en la toma de decisiones del gobierno estatal, lo que augura un panorama complicado para los próximos meses.
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