Un reciente informe de Reporte Índigo ha revelado posibles irregularidades en la asignación de contratos millonarios por parte del Gobierno de Nuevo León, bajo la administración de Samuel García. Un grupo selecto de constructoras, pertenecientes a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ha sido señalado por recibir contratos importantes, incluidos aquellos destinados a la reconstrucción tras la tormenta Alberto, sin pasar por procesos de licitación pública.
Constructoras Favorecidas en Nuevo León
Según el informe, de las aproximadamente 300 empresas afiliadas a la CMIC en Nuevo León, solo 11 han sido las beneficiarias de contratos multimillonarios. Entre estas empresas se encuentran Desarrollo y Construcción Urbanas S.A de C.V. (DYCUSA), Hércules Construcciones de Monterrey S.A de C.V., Yacare México S.A de C.V., y Structor Construcciones S.A de C.V., entre otras.
El aparente favoritismo en la asignación de estos contratos ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso y ha generado preocupaciones sobre posibles prácticas de corrupción, que podrían estar vinculadas a la triangulación de recursos hacia despachos asociados con el gobernador Samuel García.
Obras en el Ojo del Huracán
Las empresas mencionadas han sido contratadas para una serie de proyectos clave en el estado, como la reconstrucción de las avenidas Constitución y Morones Prieto, que sufrieron daños significativos durante la tormenta Alberto. Según se informa, estas obras fueron adjudicadas sin un proceso de licitación adecuado, lo que podría haber inflado los costos finales y dejado interrogantes sobre la legalidad del procedimiento.
Además de las obras de reconstrucción, estas empresas han participado en otros proyectos de infraestructura, como la carretera Interserrana, el acueducto Cuchillo II, y obras relacionadas con el desarrollo de la planta de Tesla en el estado.
Acusaciones de Triangulación de Recursos
Reporte Índigo también señala que despachos asociados con Samuel García, como Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. y GMA Firma Jurídica Fiscal, S.C., han recibido más de mil 781 millones de pesos en transferencias de proveedores del Gobierno. Este flujo de recursos ha levantado sospechas de que podría tratarse de un esquema de triangulación de fondos, en el cual las constructoras beneficiadas en los contratos públicos desvían parte de los recursos a estos despachos.
Reacciones y Consecuencias
La revelación de este presunto favoritismo ha generado una ola de críticas hacia la administración de Samuel García, especialmente en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son temas de creciente importancia en la opinión pública. La falta de licitaciones abiertas y competitivas no solo pone en duda la legalidad de los contratos, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
A medida que estas acusaciones continúan tomando fuerza, se espera que tanto la sociedad civil como los organismos de control exijan respuestas y una investigación exhaustiva para esclarecer la situación.
El presunto favoritismo en la asignación de contratos en Nuevo León es un tema que requiere atención urgente. La transparencia en el manejo de los recursos públicos es fundamental para asegurar que el desarrollo del estado se realice de manera justa y equitativa. Mientras tanto, Samuel García y su administración deberán enfrentar estas acusaciones y demostrar que sus acciones están alineadas con los principios de buen gobierno.
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