La promesa del Gobierno estatal de mejorar el transporte público en Nuevo León se ha visto nuevamente afectada, con el reciente anuncio de que la entrega de los 2 mil camiones proyectados para el 2025 sufrirá retrasos significativos. Además, la cantidad de unidades se ha reducido, lo que ha generado preocupación entre la población. A continuación, analizamos los detalles de este cambio y su posible impacto en la crisis de movilidad que afecta al estado.
De Tres Entregas a Diez Partidas
Inicialmente, la entrega de los 2 mil camiones estaba prevista en tres etapas, con la expectativa de contar con todas las unidades antes del 31 de marzo de 2025. Sin embargo, con la modificación de la licitación internacional LPIP/IMA-05-2024, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) amplió el proceso de entrega, que ahora será en 10 partidas, extendiéndose hasta julio de 2025. Esta decisión, según el acta de la junta de aclaraciones del IMA, busca “fomentar la libre concurrencia y obtener mejores condiciones para el Estado”.
Aunque el objetivo es optimizar la compra, el aplazamiento ha sido mal recibido por los ciudadanos, quienes esperaban una solución más inmediata a los problemas de movilidad que aquejan a la entidad.
Reducción de Camiones: Una Preocupación Adicional
Otro cambio importante es la reducción en el número de camiones que se adquirirán. Originalmente, el Estado tenía previsto arrendar 2,500 unidades, pero tras la modificación de la licitación, el número se redujo a 2 mil camiones. Este ajuste responde, según informes, a restricciones presupuestales, lo que añade incertidumbre sobre si esta cantidad será suficiente para mitigar la crisis en el transporte público.
El arrendamiento de los camiones seguirá siendo por un periodo de seis años, a partir de la fecha de entrega de las unidades. Sin embargo, surge una nueva interrogante: ¿serán suficientes estos camiones para cubrir las necesidades de los usuarios del transporte público en el estado?
¿Quién Cubrirá los Costos de Mantenimiento?
Uno de los puntos que ha causado mayor controversia es la exclusión del mantenimiento y seguro de las unidades de la responsabilidad de los licitantes. Estos costos ahora serán asumidos por los operadores de las unidades, quienes deberán celebrar contratos administrativos con el IMA. Esto podría generar complicaciones en la operación y el estado de las unidades a largo plazo, además de aumentar los costos de operación para los transportistas.
Algunas voces críticas han señalado que esta medida podría traducirse en un servicio de menor calidad y en la falta de mantenimiento adecuado para los camiones, lo que afectaría la experiencia de los usuarios y generaría un impacto negativo en la movilidad del estado.
Unificación del Pago Electrónico en los Camiones
A pesar de los retrasos y la reducción de unidades, el IMA también lanzó una licitación para la adquisición de 2 mil validadores electrónicos para las unidades de transporte público. Estos dispositivos buscan unificar el sistema de cobro en los camiones, facilitando el pago electrónico y mejorando la eficiencia del servicio.
Si bien la unificación del sistema de pago representa un avance en términos de modernización, queda por ver si este esfuerzo será suficiente para paliar la crisis de movilidad que se vive actualmente. La licitación, que se cierra el 9 de octubre, tiene como fecha de fallo definitivo el 24 de octubre, por lo que aún hay tiempo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas.
¿Solución Efectiva o Simple Parche Temporal?
Los recientes cambios en la licitación y el retraso en la entrega de los camiones han generado incertidumbre sobre si el gobierno estatal está implementando una solución integral para la crisis del transporte público en Nuevo León, o si estos cambios solo serán un parche temporal. Aunque la introducción de validadores electrónicos es un paso positivo, la reducción de unidades y la extensión del plazo de entrega parecen ser señales de que el problema podría persistir más tiempo del esperado.
A medida que el tiempo pasa, la presión sobre las autoridades para mejorar el sistema de transporte se intensifica, y los ciudadanos esperan que las promesas se traduzcan en soluciones reales, no en medidas provisionales que solo retrasen la mejora que tanto necesitan.
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