La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha revelado un escándalo millonario en la compra de camiones para el transporte público de Nuevo León. Según el informe de la Cuenta Pública 2023 del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), se detectaron 896 millones de pesos en anomalías en los contratos de adquisición de al menos 1,800 camiones. Estos contratos fueron celebrados con tres proveedores distintos, pero las irregularidades encontradas podrían tener serias implicaciones para el futuro del sistema de transporte en la entidad.
Irregularidades Detectadas por la ASE en los Contratos
La auditoría reveló que las modificaciones a los contratos fueron desventajosas para el Estado. En varios casos, se encontraron pagos indebidos, así como ajustes en los plazos de entrega de las unidades y un trato preferencial a los proveedores. Además, las penalizaciones por incumplimiento fueron reducidas considerablemente, lo que implicaría una pérdida económica aún mayor.
Caso 1: Thousand International Companies (TICSA)
Uno de los contratos más cuestionados fue el celebrado con Thousand International Companies (TICSA), una empresa contratada en 2021 para proveer 800 autobuses en arrendamiento tipo full service por un monto de 3 mil 936 millones de pesos. La ASE detectó que en mayo de 2023, se hizo una modificación al contrato que permitió un pago directo al fabricante chino de camiones por 46.4 millones de dólares (equivalentes a 810 millones de pesos). Esta transacción se realizó sin la debida justificación y pone en duda la transparencia de los procedimientos.
Caso 2: Ego Móvil y Forza Arrendadora Automotriz
En el caso de Ego Móvil, se contrató el arrendamiento de 600 unidades por 3 mil 307 millones de pesos. Aquí también se encontraron modificaciones en las penalizaciones. Mientras que la ASE estimó que las penalizaciones debían ascender a 47.5 millones de pesos, solo se fijaron en 15.1 millones.
Similarmente, el contrato con Forza Arrendadora Automotriz, para 400 camiones, también presentó observaciones relacionadas con las modificaciones de los acuerdos y el trato preferencial hacia el proveedor.
Impacto en las Finanzas Públicas y la Ciudadanía
El Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) recibió observaciones no solventadas por mil 216.4 millones de pesos. De estos, 933.6 millones de pesos fueron considerados por la ASE como posibles recuperaciones, es decir, montos que deberían ser reintegrados al erario.
Además, el informe señala que se hicieron pagos a cinco empresas de transporte público por un total de 145.1 millones de pesos, sin que haya un registro claro de los compromisos de pago, lo que aumenta la sospecha de manejo irregular de los recursos.
¿Cómo Afecta esto al Transporte Público en Nuevo León?
Este tipo de irregularidades ha generado una creciente desconfianza entre los ciudadanos. El objetivo inicial de la compra de estos camiones era mejorar y reestructurar el sistema de transporte público en Nuevo León. Sin embargo, las irregularidades y los sobrecostos están retrasando el progreso y empeorando las condiciones del servicio.
En medio de esta crisis, los ciudadanos también enfrentan aumentos disfrazados en las tarifas debido a una reclasificación de rutas, lo que genera aún más molestia entre quienes dependen del transporte público.
La Necesidad de Transparencia y Rendición de Cuentas
Este escándalo pone en evidencia la falta de transparencia en los contratos públicos y la necesidad urgente de rendición de cuentas por parte del gobierno estatal. Mientras tanto, los usuarios del transporte público continúan enfrentando un sistema ineficiente, y los montos de dinero involucrados solo aumentan la frustración.
El gobernador Samuel García y el Instituto de Movilidad deben ofrecer respuestas claras sobre las irregularidades detectadas y asumir las consecuencias. La ciudadanía merece saber qué ocurrió con los 896 millones de pesos que fueron mal gestionados y cómo se van a corregir las deficiencias del sistema de transporte público.
¿Qué Sigue para Nuevo León?
La ASE ha ordenado dar vista a la autoridad investigadora para que se esclarezcan las irregularidades encontradas. Será necesario un proceso de revisión exhaustiva para determinar qué sucedió con los contratos de camiones y si hay responsables de estas malas prácticas. El futuro del transporte público en Nuevo León está en juego, y los ciudadanos esperan respuestas inmediatas.
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