La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha lanzado una denuncia penal contra dos funcionarios del Periódico Oficial, que opera bajo la Secretaría General de Gobierno. Los cargos incluyen presunto abuso de autoridad y la aplicación de tratos degradantes. Este hecho resalta la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos dentro de todas las ramas del gobierno estatal.
Acusación por Omisión en Publicación: CEDH
La denuncia se origina debido a la omisión en la publicación de un acuerdo importante, lo que ha obstaculizado la reparación de daños para una víctima. Olga Susana Méndez, presidenta de la CEDH, presentó la querella ante la Fiscalía Anticorrupción el día de ayer. Los funcionarios en cuestión aún no han sido identificados públicamente, pero se sabe que están asignados al Periódico Oficial, un área dependiente de la Secretaría General de Gobierno.
Méndez indicó que la CEDH había emitido una recomendación a la Agencia Estatal de Supervisión Penitenciaria debido a una violación de derechos de una persona recluida. La Agencia aceptó la recomendación y para proceder con la reparación del daño, la Comisión envió una solicitud al Periódico Oficial el 12 de abril para que se publicara el acuerdo PR/04/2024. Sin embargo, dicha publicación aún no ha sido realizada.
“La persona privada de la libertad es una víctima en este caso. La Agencia Estatal de Supervisión Penitenciaria aceptó nuestra recomendación, pero estamos imposibilitados para proceder con la cuantificación del daño ya que el acuerdo no ha sido publicado en el Periódico Oficial,” explicó Méndez.
Inspección No Autorizada
Uno de los funcionarios denunciados, según Méndez, realizó una visita de inspección a la Comisión para revisar el aviso del acuerdo. Esta acción se realizó amparado en un acuerdo delegatorio de facultades del Secretario General de Gobierno. Sin embargo, la ley que regula el Periódico Oficial solo permite a los funcionarios hacer observaciones sobre la documentación adjunta y no autoriza visitas de inspección.
“La ley del Periódico Oficial únicamente les otorga la facultad de observar la documentación anexa, no de realizar visitas. Este proceder indebido, junto con la omisión en la publicación, motivó nuestra denuncia,” agregó Méndez.
Falta de Respuesta Oficial
Méndez también subrayó que las autoridades estatales no han proporcionado una explicación sobre por qué no se ha realizado la publicación del acuerdo en el Periódico Oficial. Esto ha generado una traba jurídica adicional y ha puesto en evidencia problemas en el procedimiento adecuado para el manejo de estos casos.
“Estamos enfrentando problemas con los derechos humanos en las recomendaciones que aún no han sido aceptadas, pero ahora enfrentamos un nuevo obstáculo con la omisión en la publicación. Esto crea barreras jurídicas sin fundamentos y sin seguir el procedimiento correcto para visitas de inspección,” concluyó Méndez.
