Extorsiones Descaradas a Transportistas
Nuevo León se ve sacudido por un escándalo de extorsiones viales que afecta al transporte de carga. Las denuncias sobre abusos en cobros de grúas y extorsiones por parte de agentes de Tránsito llegaron a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Francisco Javier Borrego, Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes e integrante de Morena, junto a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), lanzó un vehemente llamado al Gobernador Samuel García para que intervenga de inmediato.
Amenazas y Abusos
Diego Bolio, delegado de la Conatram Jalisco, denunció el trato amenazante de Arturo Garza Morúa, Secretario de Seguridad y Vialidad de Salinas Victoria. Según Bolio, Garza Morúa utilizó amenazas telefónicas en respuesta a una queja de abuso y extorsión. Este caso es solo la punta del iceberg de un sistema corrupto que aprovecha la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para llenar los bolsillos de las autoridades locales.
Cobros Exorbitantes y Prácticas Mafia
En un incidente reciente, una unidad de transporte fue detenida bajo pretextos fraudulentos. Los agentes exigieron un pago inicial de 15 mil pesos, y luego inflaron la suma a 53 mil 500 pesos, incluyendo 10 mil por trámites y 13 mil 500 por la grúa. Además, demandaron 40 mil pesos en viáticos para el representante de la compañía. Esta extorsión descarada deja a los transportistas a merced de una red de corrupción que opera impunemente.
Samuel García Bajo Fuego
Francisco Javier Borrego no se anduvo con rodeos al acusar al Gobernador Samuel García y al Presidente municipal de Salinas Victoria, Raúl Cantú, de permitir y beneficiarse de estas prácticas corruptas. Borrego instó al Gobernador a enfrentar esta situación y abrir un diálogo con los transportistas para detener las extorsiones.
¿Movimiento Ciudadano o Movimiento de Corrupción?
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, presentada por Movimiento Ciudadano, ha sido utilizada como herramienta de abuso. Los transportistas, desesperados, exigen una intervención inmediata de Samuel García para poner fin a este régimen de terror vial. La reputación del Gobernador está en juego, y su respuesta a estas denuncias determinará si puede limpiar la mancha de corrupción que empaña su administración.
La crisis de extorsiones viales en Nuevo León es un síntoma de un problema más profundo de corrupción y abuso de poder. La confianza en las autoridades locales está en su punto más bajo, y los transportistas claman por justicia. Samuel García tiene la oportunidad de actuar y demostrar que está del lado de la ley y el orden, o arriesgarse a ser visto como cómplice de un sistema corrupto.
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