En Nuevo León, organizaciones de la sociedad civil están alzando la voz tras la decisión del gobierno estatal, encabezado por el emecista Samuel García, de suspender los apoyos a las personas vulnerables. Esta medida ha sido calificada como un “chantaje político”, ya que se alega que el recorte de los fondos se utiliza como una táctica para presionar al Congreso local a aprobar el Presupuesto 2025. La situación ha generado preocupación sobre la independencia de los recursos destinados a las organizaciones y la política detrás de las decisiones que afectan directamente a las comunidades más necesitadas.
El Contexto Político Detrás de los Recortes
Las asociaciones y organismos de la sociedad civil de Nuevo León no han tardado en expresar su descontento ante la situación. Más de 197 organizaciones que brindan apoyo a sectores vulnerables en el estado, como Casa Monarca, que asiste a migrantes, se han visto gravemente afectadas. La Secretaría de Igualdad e Inclusión, a cargo de Martha Herrera, suspendió la convocatoria para otorgar apoyos por más de 100 millones de pesos para el siguiente año. Esta decisión ha sido interpretada como una jugada política, en un momento en que el Congreso local se encuentra dividido entre el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, lo que dificulta la aprobación del Paquete Fiscal.
Las Voces de las Organizaciones Civiles
Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca, calificó la suspensión como una estrategia para “forzar” la aprobación del presupuesto, lo que ha generado un fuerte malestar entre las organizaciones que dependen de estos fondos. Según Zavala, la sociedad civil se ve afectada, ya que lo que antes se consideraba un apoyo a la labor altruista, ahora se ha transformado en un problema político de intereses personales.
Además, otras asociaciones, como Autismo ABP y el Instituto Nuevo Amanecer, han manifestado su preocupación, al señalar que, sin estos recursos, muchas de ellas no podrían continuar con sus labores. Guillermo Vela, de Autismo ABP, comentó que desde la pandemia han visto una disminución significativa en los donativos privados, lo que hace aún más crítico el apoyo gubernamental.
¿Qué está en Juego para las Asociaciones de Nuevo León?
Las organizaciones que se dedican a la atención de personas vulnerables, desde migrantes hasta personas con discapacidades, dependen en gran medida de los fondos públicos para llevar a cabo su labor. Sin embargo, el hecho de que estos recursos se estén utilizando como moneda de cambio en negociaciones políticas ha desatado fuertes críticas. Rebeca Clouthier, del Grupo de las 6, calificó de “grotesco” el uso de las asociaciones para presionar a los Diputados.
Marco Antonio Amaya Díaz, director del Instituto Nuevo Amanecer, destacó que las organizaciones civiles son capaces de multiplicar los recursos que reciben, generando un impacto mucho mayor en la población vulnerable. Sin embargo, la incertidumbre política ha puesto en riesgo el avance logrado en los últimos años.
Un Llamado a la Transparencia y la Independencia de los Recursos
El conflicto actual pone de manifiesto la falta de transparencia y la politización de los apoyos sociales en Nuevo León. Mientras las negociaciones para aprobar el presupuesto continúan, las asociaciones civiles insisten en que los recursos destinados a la ayuda social no deben depender de acuerdos políticos, sino de una verdadera voluntad de apoyar a los sectores más necesitados.
Con la suspensión de los apoyos, más de 197 organizaciones se ven ahora en riesgo de cerrar sus puertas. La falta de certeza sobre los recursos podría llevar a una crisis humanitaria, dejando a miles de personas sin los servicios que tanto necesitan.
¿Cuál es el Futuro de las Organizaciones Sociales en Nuevo León?
La pregunta que queda en el aire es si el gobierno estatal, junto con el Congreso local, resolverá la situación de manera justa. La crítica generalizada se centra en la utilización de los recursos para intereses políticos y no para el bienestar de la ciudadanía. El futuro de las organizaciones sociales depende ahora de la resolución de las negociaciones políticas, y la sociedad civil espera que se priorice el bien común sobre los intereses partidistas.
