En el primer trimestre de 2024, el huachicoleo en Nuevo León ha registrado un alarmante aumento del 79%, según datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim). Este incremento descontrolado ha sido permitido bajo la administración del gobernador Samuel García, quien parece hacer la vista gorda ante este lucrativo negocio corrupto.
Una Práctica Ilegal Sin Control
De acuerdo con Pemex, se detectaron 213 tomas clandestinas en los ductos de combustible en Nuevo León durante los primeros tres meses de 2024. Esta cifra contrasta significativamente con las 119 tomas ubicadas en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento exponencial de esta actividad ilegal pone en evidencia la falta de control y la posible complicidad de las autoridades locales.
El Estado en el Top 5 Nacional
Nuevo León se ha posicionado en el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a tomas clandestinas de combustible, solo detrás de Hidalgo, Jalisco, Tamaulipas y Coahuila. Este ranking es una señal preocupante de cómo el estado se ha convertido en un punto caliente para el huachicoleo, afectando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Apodaca y General Bravo: Focos Rojos
Entre los municipios más afectados se encuentran Apodaca y General Bravo, donde las tomas ilegales han proliferado sin control. General Bravo lidera con 73 piquetes en los primeros tres meses de 2024, convirtiéndose en el epicentro del huachicoleo en el estado. Esta situación refleja una alarmante falta de vigilancia y acción por parte de las autoridades locales.
Promesas Incumplidas
El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en 2019 frenar esta práctica ilegal, sin embargo, las cifras muestran una realidad distinta. En 2022, Pemex localizó 374 tomas clandestinas en Nuevo León, cifra que aumentó a 532 en 2023. Esta tendencia al alza revela la incapacidad del gobierno federal y estatal para controlar esta problemática.
La ciudadanía de Nuevo León está exigiendo respuestas y acciones contundentes para frenar el huachicoleo. La creciente incidencia de tomas clandestinas no solo representa una pérdida económica para el país, sino que también pone en riesgo la seguridad de los neoleoneses. Es hora de que las autoridades tomen medidas efectivas para combatir este negocio corrupto y proteger a la población.
El alarmante incremento del huachicoleo en Nuevo León bajo la administración de Samuel García evidencia una preocupante falta de control y posible complicidad. Es fundamental que se implementen acciones inmediatas para frenar esta práctica ilegal y salvaguardar la seguridad y bienestar de los ciudadanos. La lucha contra el huachicoleo debe ser una prioridad para las autoridades locales y federales, quienes tienen la responsabilidad de poner fin a este lucrativo negocio corrupto.
