El municipio de San Nicolás levantó la voz ante las recientes reformas a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial de Nuevo León. La autoridad municipal consideró que las nueva multa dirigidas a los motociclistas es excesivas y no toma en cuenta la realidad de quienes dependen de este medio de transporte.
El secretario de Movilidad de San Nicolás, Jesús Marcos García, señaló que las multas actuales resultan desproporcionadas para un tipo de vehículo que, en muchos casos, representa el sustento diario de familias enteras. La postura de San Nicolás se basa en la preocupación por el impacto social y económico que estas medidas podrían tener en miles de trabajadores que usan la motocicleta como herramienta principal de trabajo.
Durante su participación en el programa Cambios, conducido por Víctor Martínez, García enfatizó la necesidad de revisar a fondo las disposiciones estatales para garantizar que se apliquen de manera justa y equitativa. Según el funcionario, las sanciones aprobadas por el Estado podrían convertirse en una carga insostenible para muchos ciudadanos.
Sanciones A Motociclistas Son Consideradas Excesivas
El funcionario explicó que existe una diferencia significativa entre las infracciones municipales y las estatales. Por ejemplo, en San Nicolás, si un motociclista circula sin seguro, se le impone una multa cercana a 1,400 pesos. Sin embargo, no se detiene el vehículo, lo que permite al conductor seguir con sus actividades laborales y familiares.
En contraste, la Ley de Movilidad del Estado establece una sanción mucho más severa: además de detener el vehículo, la multa puede alcanzar casi 24 mil pesos. Para García, esta cifra resulta exagerada y no corresponde con el valor real del vehículo ni con la capacidad económica de los conductores.
“Creo que es exagerada esa multa, creo que las sanciones están desmedidas y desproporcionadas”, afirmó en la mesa de debate. Según el secretario, imponer medidas tan rígidas podría tener consecuencias graves para quienes usan la motocicleta como medio de trabajo, afectando su economía y estabilidad familiar.
Seguridad Pública Y Vial, Un Reto Dual
El tema de las motocicletas no solo se limita al ámbito económico. García subrayó que existen dos vertientes principales: seguridad pública y seguridad vial. En ambas áreas, los desafíos han ido en aumento debido al crecimiento acelerado del parque vehicular y al incremento de accidentes en los últimos años.
Por un lado, el aumento en el uso de motocicletas ha derivado en un mayor número de incidentes viales. Las autoridades han detectado que muchos motociclistas no cuentan con la capacitación adecuada para manejar este tipo de vehículos, lo que incrementa el riesgo en las calles y avenidas.
Por otro lado, en materia de seguridad pública, el uso de motocicletas en actividades ilícitas ha generado un ambiente de preocupación. La facilidad de movimiento y la rapidez con la que se desplazan han convertido a estos vehículos en herramientas útiles para cometer delitos y escapar rápidamente.
Falta De Control En Venta Y Uso Para Motociclistas
Otro punto señalado por el secretario de Movilidad de San Nicolás fue el descontrol en la venta de motocicletas. García comentó que muchos negocios dedicados a comercializar estos vehículos no llevan un registro adecuado de los compradores. Esto ha contribuido a la falta de control y ha permitido que personas sin experiencia ni conocimientos mínimos puedan acceder a una motocicleta sin restricciones.
Además, subrayó que la falta de registros formales limita la capacidad de las autoridades para identificar a los propietarios en caso de incidentes. Este vacío en la regulación también influye directamente en el aumento de accidentes y en el uso indebido de las motocicletas.
García insistió en que la combinación de una venta desregulada y conductores sin la preparación necesaria crea un escenario peligroso para la seguridad vial y ciudadana. La solución, según el funcionario, no se encuentra en sancionar de manera desproporcionada, sino en fortalecer los controles previos y en fomentar la educación vial desde el momento en que se adquiere el vehículo.
Llamado A La Revisión Estatal
Ante este panorama, San Nicolás hace un llamado al Gobierno del Estado para que reconsidere las reformas actuales. García enfatizó que no se trata de eliminar las sanciones, sino de ajustarlas a la realidad social y económica de los motociclistas.
El secretario reconoció la importancia de promover la seguridad vial, pero consideró que las medidas deben ser equilibradas. Si bien es fundamental garantizar que todos los conductores cuenten con seguro y cumplan con las normativas, también es necesario contemplar la situación de aquellos que utilizan la motocicleta como herramienta principal para generar ingresos.
Por eso, García propone un esquema que combine sanciones justas, programas de regularización y capacitación obligatoria. Con estas medidas, se busca reducir los accidentes y fomentar el respeto a la ley sin poner en riesgo la estabilidad económica de las familias que dependen de este medio de transporte.
La participación activa de los municipios en este tipo de decisiones resulta clave. San Nicolás defiende un enfoque más humano y realista, basado en la cercanía que tienen las autoridades municipales con los ciudadanos y en el conocimiento profundo de sus necesidades diarias.
