En un escenario complicado para las finanzas del Estado, varios organismos autónomos de Nuevo León han alzado la voz para advertir que, si no se les asignan mayores recursos, podrían colapsar en 2025. Entre estos organismos se encuentran el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión de Transparencia y la Auditoría Superior del Estado. Todos coinciden en que la reducción de fondos podría comprometer su funcionamiento y, en algunos casos, la impartición de justicia.
La Crisis Financiera de los Organismos Autónomos
El principal factor que podría desencadenar esta crisis es la disminución de los recursos que estos organismos solicitan al Estado para operar durante el próximo año. En la mesa de trabajo “Paquete Fiscal”, organizada por la Comisión de Presupuesto del Congreso Local, los representantes de los organismos autónomos destacaron que el presupuesto propuesto por el Gobierno del Estado es insuficiente para atender sus necesidades mínimas.
Poder Judicial: ¿Un Colapso en el Sistema de Justicia?
José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, señaló que la propuesta de presupuesto para el Poder Judicial es de 3,175 millones de pesos, lo que representa una reducción de 37 millones respecto al presupuesto solicitado. Este monto es considerado el mínimo indispensable para continuar operando, dado que el 90% de su presupuesto se destina a servicios personales, que son esenciales para el funcionamiento de los tribunales.
Salinas Garza advirtió que, de no recibir el presupuesto adecuado, el sistema de justicia podría colapsar, afectando gravemente a la ciudadanía. Explicó que, aunque la implementación de tecnología ha permitido ciertos ahorros, la falta de recursos ha comenzado a generar deficiencias en áreas clave, como la compra de papelería y otros suministros esenciales.
Fiscalía General del Estado: Un Déficit Preocupante
La Fiscalía General del Estado, representada por Pedro Arce Jardón, solicitó un presupuesto de 4,560 millones de pesos, con una adición de 570 millones destinados a proyectos importantes, como la construcción de un nuevo centro de justicia para mujeres y la creación de una academia de formación para personal. Arce Jardón alertó sobre el grave déficit de personal que enfrenta la Fiscalía, lo que provoca que cada ministerio público tenga que atender hasta 270 carpetas de investigación, lo que retrasa considerablemente la impartición de justicia.
Instituto Electoral: Deuda Pendiente y Falta de Recursos
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana también está pasando por una situación crítica. Su presidenta, Beatriz Adriana Camacho Carranco, denunció que el Estado debe al organismo 196 millones de pesos. Además, alertó que, de no recibir estos fondos, el instituto tendría que recurrir a la vía legal para exigir el pago a través de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Camacho Carranco añadió que, debido a esta falta de recursos, el instituto no tiene dinero para cubrir sus compromisos, lo que podría afectar gravemente la operación electoral, especialmente en el cierre del año.
Otros Organismos Autónomos: La Situación es Crítica
Además del Poder Judicial, Fiscalía e Instituto Electoral, otros organismos clave, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión de Transparencia y la Auditoría Superior del Estado, también se encuentran en una situación de riesgo. La CEDH, por ejemplo, solicita 138 millones de pesos para poder hacer frente a la creciente carga de trabajo, pero el presupuesto asignado es de solo 121 millones.
El Auditor Superior del Estado, Alejandro Reynoso Gil, destacó que la dependencia requiere alrededor de 669 millones de pesos, pero el Gobierno del Estado solo ha contemplado 475 millones, lo que pone en peligro la operación de su laboratorio para fiscalizar obras de pavimentación.
¿Qué está en Juego para Nuevo León?
La crisis financiera de estos organismos autónomos plantea serias interrogantes sobre el futuro de la justicia, la transparencia y los derechos humanos en Nuevo León. De no recibir los recursos necesarios, no solo se afectará la operatividad de estos organismos, sino que también se pondría en riesgo la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. La autonomía de estos organismos podría verse comprometida, lo que generaría un impacto negativo en el ejercicio de los derechos fundamentales de los habitantes del Estado.
La Urgencia de un Presupuesto Justo
El panorama es claro: los organismos autónomos de Nuevo León enfrentan un futuro incierto si no se les asignan los recursos necesarios para 2025. Las consecuencias de esta falta de apoyo podrían ser devastadoras para la impartición de justicia, la protección de los derechos humanos y la transparencia en el Estado. Es urgente que el Congreso del Estado y el Gobierno de Nuevo León tomen medidas inmediatas para garantizar que estos organismos cuenten con el presupuesto adecuado para continuar con su labor esencial.
