El Secretario de Enlace Legislativo del CEN del PRI, Francisco “Paco” Cienfuegos, presentó una denuncia penal contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y varios funcionarios estatales. El motivo: el aumento de la tarifa de transporte público a $15 pesos, el cual, según Cienfuegos, fue implementado sin la aprobación del Comité Técnico de Transporte, una instancia que la Ley de Movilidad Sostenible señala como clave para cualquier modificación en los costos del servicio.
Cienfuegos estuvo acompañado en esta denuncia por las diputadas federales Asia Gómez y Anita González, quienes han manifestado su respaldo en la lucha por evitar que los incrementos en el transporte impacten el bolsillo de los ciudadanos de Nuevo León.
¿Por qué es Importante la Autorización del Comité Técnico?
Según Cienfuegos, la Ley de Movilidad Sostenible establece en su artículo 30 que cualquier ajuste en la tarifa del transporte debe contar con la aprobación del Comité Técnico, el cual tiene la función de garantizar que los aumentos respondan a una necesidad justificada y no afecten negativamente a los ciudadanos. El hecho de que este aumento haya sido aprobado sin consultar al Comité, según la denuncia, vulnera la normativa estatal y podría constituir un ejercicio indebido de funciones por parte de los funcionarios.
Esta supuesta omisión también abre la posibilidad de que el proceso haya carecido de transparencia y se haya dado de manera arbitraria. Para muchos, la ausencia de revisión por parte del Comité deja dudas sobre la justificación del incremento en la tarifa.
Impacto en el Bolsillo de la Ciudadanía
Uno de los puntos más destacados por Cienfuegos y las diputadas es el efecto que este aumento tiene en la economía familiar de los habitantes de Nuevo León. Al elevar la tarifa a $15 pesos, el transporte público se convierte en una carga económica adicional para miles de ciudadanos que dependen de este medio para sus desplazamientos diarios.
El impacto es particularmente significativo para aquellas personas de bajos recursos, que ahora deben destinar una mayor parte de su ingreso al transporte. Cienfuegos ha subrayado que, en lugar de apoyar a la población, la medida perjudica especialmente a los sectores más vulnerables, que ya enfrentan los retos económicos derivados de la inflación y la falta de oportunidades de trabajo bien remunerado.
Ejercicio Indebido de Funciones
La denuncia presentada por Cienfuegos no solo apunta al gobernador Samuel García, sino también a otros funcionarios, como el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, y el Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal. La acusación señala que, al no respetar el proceso normativo, estos funcionarios podrían estar incurriendo en el delito de ejercicio indebido de funciones, tipificado en el artículo 208 del Código Penal.
Este tipo de delitos, de acuerdo con la normativa, puede acarrear penas de 1 a 7 años de prisión. Para Cienfuegos y las diputadas que lo acompañaron, este es un paso necesario para exigir responsabilidad y frenar decisiones que, en su opinión, afectan a la ciudadanía sin justificación ni respaldo legal.
Reacciones de la Ciudadanía y Futuras Acciones
La denuncia presentada ha generado reacciones diversas entre los habitantes de Nuevo León. Algunos sectores de la población ven con buenos ojos la acción de Cienfuegos, argumentando que el alza en la tarifa es injusta y que se debe buscar una solución para evitar mayores afectaciones. Otros, sin embargo, opinan que esta denuncia forma parte de una estrategia política en un contexto de creciente tensión entre el PRI y el gobierno estatal.
En cuanto a las próximas acciones, Cienfuegos ha declarado que continuará con la vigilancia del proceso y que buscará que esta denuncia sea atendida debidamente en la Fiscalía Anticorrupción. La expectativa, según señaló, es que el caso sirva como precedente para frenar decisiones similares en el futuro y que las tarifas de transporte se ajusten solo cuando realmente sea necesario y bajo los procedimientos legales.
El Debate Sobre el Transporte Público en Nuevo León Continúa
La denuncia de Paco Cienfuegos representa un nuevo capítulo en el debate sobre el transporte público y las decisiones de política pública en Nuevo León. Mientras la denuncia avanza en la Fiscalía Anticorrupción, la ciudadanía seguirá atenta a las implicaciones que este proceso pueda tener en el costo del transporte y en la responsabilidad de los funcionarios públicos.
En un contexto donde el costo de vida sigue aumentando, el tema de las tarifas del transporte es clave para la estabilidad económica de muchas familias. La resolución de esta denuncia podría sentar un precedente importante para la gobernanza y el respeto a las leyes en el estado.
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