El Gobierno estatal de Nuevo León analiza un incremento en las tarifas del transporte público que podría entrar en vigor a partir de enero. Según la propuesta del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), el costo del pasaje urbano aumentaría de los actuales 12 y 15 pesos a 17 pesos, representando un alza de hasta un 41.7 % en solo dos meses, considerando el ajuste previo realizado en noviembre con la reclasificación de rutas.
El Consejo Consultivo del IMA presentó la propuesta como parte de un esfuerzo para actualizar los costos tras 12 años de rezago en las tarifas. Aunque el Consejo incluye la participación de sectores empresariales, universidades y representantes de la ciudadanía, su papel es meramente consultivo, ya que la decisión final recaerá en la Junta de Gobierno del IMA.
Argumentos oficiales para el aumento de tarifa
Según el IMA, el incremento se justifica por el rezago tarifario acumulado durante más de una década. De acuerdo con la Comisión de Tarifas, el costo real del pasaje debería ser de 22.88 pesos. Sin embargo, el Gobierno estatal propone limitar el incremento a 17 pesos para reducir el impacto económico en la población.
Los funcionarios también destacan que el ajuste busca garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte público, asegurando la operación de rutas y el mantenimiento de unidades. No obstante, sectores de la ciudadanía cuestionan la medida debido a su impacto financiero, especialmente en un contexto donde la inflación ya afecta a los hogares.
Críticas y posibles efectos en la población
El posible incremento no ha estado exento de críticas. Organizaciones ciudadanas y representantes de los usuarios del transporte han manifestado su preocupación por las implicaciones que tendría el ajuste en la economía de las familias de Nuevo León. Subir la tarifa a 17 pesos implicaría que un usuario que realiza dos viajes diarios gaste más de mil pesos al mes solo en transporte.
Además, el aumento coincide con la temporada navideña, lo que algunos han calificado como un “regalo amargo” para la ciudadanía. A pesar de las reuniones y consultas realizadas por el Consejo Consultivo del IMA, el hecho de que sus integrantes no tengan voto en la decisión ha generado descontento entre quienes esperaban mayor participación ciudadana en este tipo de resoluciones.
