El día de ayer, el Puente del Papa en Monterrey se convirtió en el escenario de una protesta enérgica contra el DIF Capullos y el gobernador Samuel García. Un grupo de mujeres, afectadas por recientes decisiones de la institución de bienestar social, se manifestaron para exigir justicia y señalar presuntas irregularidades en la separación de menores de edad de sus familias. La protesta, marcada por la exhibición de pancartas y mantas, pone de relieve un creciente malestar hacia la gestión del gobierno estatal y su manejo de casos de protección infantil.
Las manifestantes, entre las que se encontraba Ana María Guadalupe, de 25 años, acusaron al DIF Capullos de retirar a los menores sin el consentimiento de los padres y sin realizar las investigaciones necesarias. Guadalupe y otras madres denuncian que estas acciones no solo son arbitrarias, sino que también constituyen una violación de sus derechos humanos. El hecho ha generado una fuerte división de opiniones y ha enfocado la atención en la actuación del gobierno local frente a la crisis de protección infantil.
Denuncias de Abusos y Falta de Investigación
Las acusaciones contra el DIF Capullos giran en torno a la supuesta falta de diligencia en la investigación previa a la decisión de retirar a los menores. Las madres afectadas argumentan que el proceso carece de transparencia y que se han tomado decisiones unilaterales sin considerar alternativas familiares. La situación se agrava con la percepción de que estas medidas podrían estar motivadas por intereses ajenos al bienestar infantil.
Ana María Guadalupe, una de las voces más críticas, expresó su frustración y dolor por la pérdida de custodia de su hijo, a quien asegura no se le dio la oportunidad de permanecer en su entorno familiar. En su intervención durante la protesta, Guadalupe subrayó que el DIF no ha ofrecido justificaciones claras ni ha presentado pruebas concretas para justificar la separación de los menores de sus familias. Esta falta de claridad ha generado una gran preocupación entre los residentes de la comunidad, quienes temen que el procedimiento de protección infantil esté siendo utilizado de manera indebida.
La Reacción del Gobierno y la Respuesta a las Críticas
La respuesta del gobierno estatal a las críticas y demandas de las madres ha sido objeto de debate. El gobernador Samuel García, quien en días recientes ha estado en el centro de la controversia debido a sus actividades fuera del estado, ha enfrentado un creciente escrutinio por su aparente falta de acción frente a los reclamos de los ciudadanos. Las manifestantes cuestionan qué medidas concretas está tomando el gobierno para abordar las quejas y garantizar la justicia en los casos de protección infantil.
La falta de una respuesta efectiva ha llevado a los críticos a acusar al gobierno de priorizar otros intereses sobre la seguridad y el bienestar de los menores. Las pancartas y mantas desplegadas durante la protesta contenían mensajes que reflejaban la frustración de las madres, como la que decía: “Samuel, ayúdanos con tu DIF, ¿o le decimos a Claudia (Sheinbaum)?”. Este mensaje no solo cuestiona la capacidad del gobierno estatal para manejar la crisis, sino que también sugiere la posibilidad de buscar apoyo en otras instancias gubernamentales.
Demandas de Justicia al DIF
La protesta en el Puente del Papa se destacó por su organización y por el uso de recursos visuales para captar la atención pública. Las mujeres participantes colgaron una gran manta sobre el puente y portaron pancartas que exigían una revisión exhaustiva de los casos manejados por el DIF Capullos. La indignación de las madres se refleja en su demanda de una mayor vigilancia y responsabilidad por parte del gobierno en la protección de los derechos de los menores y sus familias.
Las manifestantes no solo exigieron la restitución de los menores a sus familias, sino también una revisión completa de los procedimientos seguidos por el DIF. Argumentan que la falta de investigación adecuada y la aparente arbitrariedad en las decisiones podrían estar contribuyendo a una crisis de confianza en las instituciones encargadas de proteger a los menores.
