En el ajetreado mundo de la política, la integridad y la transparencia son virtudes no solo deseables, sino cruciales. Sin embargo, en el caso del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, estas cualidades parecen haber quedado en el olvido, eclipsadas por una sombra de desvío de recursos y manejos financieros turbios.
Samuel García Se Enriquece con Nuestros Recursos
El ascenso meteórico de García en el ámbito político se ha visto acompañado de un enriquecimiento desproporcionado y altamente cuestionable. Desde sus inicios en 2015, los ingresos de sus empresas, Firma Jurídica y Fiscal Abogados, así como SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, han experimentado un crecimiento exponencial, una tendencia que se intensificó durante su mandato como Gobernador en 2022 y 2023.
Según revelan documentos obtenidos por Grupo REFORMA, los ingresos declarados de Firma Jurídica y Fiscal Abogados pasaron de modestos 1.7 millones de pesos en 2015 a asombrosos 600.6 millones en 2023. Un incremento descomunal del 360 veces su valor original. Este fenómeno no se limita solo a los ingresos, sino que también abarca los activos de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, los cuales se multiplicaron 11.5 veces entre 2016 y 2023, alcanzando la cifra de mil 233 millones de pesos.
Tales cifras resultan profundamente preocupantes, sobre todo si se considera el contexto político en el que se produjeron. La trayectoria ascendente de García, desde coordinador de Diputados locales hasta Senador y finalmente Gobernador, sugiere un patrón de enriquecimiento sospechoso, alimentado por su influencia y acceso al poder.
Adquisiciones Ilícitas, Se Sospecha Corrupción
El reciente escándalo en torno a la adquisición de un terreno en una exclusiva zona de San Pedro, valuado entre 700 millones y mil 200 millones de pesos, agrega más combustible a las llamas de la controversia. La explicación ofrecida por García, sobre una supuesta “dación en pago” relacionada con servicios prestados por Firma Jurídica, resulta insuficiente y carente de transparencia. ¿Por qué la transacción se llevó a cabo a través de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles en lugar de la empresa correspondiente?
Las respuestas vagas y esquivas del Gobernador no hacen más que alimentar las sospechas de un posible desvío de recursos y prácticas financieras poco éticas. La falta de claridad y rendición de cuentas mina la confianza pública en las instituciones y socava los cimientos de la democracia.
Es imperativo que se realicen investigaciones exhaustivas y se establezcan mecanismos de rendición de cuentas efectivos para esclarecer estos asuntos. La ciudadanía de Nuevo León merece líderes que actúen con honestidad y responsabilidad, no con opacidad y opulencia a expensas del erario público.
En conclusión, el caso de Samuel García arroja serias dudas sobre su integridad y compromiso con el bienestar de la sociedad. Su presunta participación en desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito no solo mancha su propia reputación, sino que también socava la confianza en el sistema político y en las instituciones. Es hora de que se haga justicia y se ponga fin a la impunidad.
