El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se encuentra en el centro de múltiples controversias que han puesto en duda la transparencia y legalidad de su gestión. A continuación, se detallan los principales escándalos que han marcado su administración.
Compra de Rancho en Tamaulipas por 800 Millones de Pesos
En diciembre de 2023, Samuel García adquirió un rancho de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, por un valor estimado de 800 millones de pesos. La propiedad, que cuenta con al menos dos represas, fue transferida a través de su empresa familiar, Saga Tierras y Bienes Inmuebles. Lo que ha generado preocupación es que el terreno anteriormente pertenecía a la familia Garza Ponce, fundadora de la constructora Garza Ponce, una empresa que ha sido beneficiaria de contratos públicos por más de 7,000 millones de pesos. Esta transacción ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés y el uso indebido de recursos públicos.
Adquisición Ilegal de Terreno en San Pedro Garza García
En mayo de 2024, se reveló que Samuel García y su padre, Samuel García Mascorro, adquirieron un terreno de 17.6 hectáreas en la exclusiva zona de la Mesa de la Corona, en San Pedro Garza García, valuado en aproximadamente 700 millones de pesos. La transacción se realizó a través de su firma de abogados, Firma Jurídica y Fiscal Abogados, como parte de un pago anticipado por servicios legales. Sin embargo, el terreno no fue devuelto una vez que se cumplió el pago de los honorarios, y fue registrado a nombre de la empresa familiar, SAGA Tierras y Bienes Inmuebles. Este hecho ha sido calificado como un despojo ilegal y abuso de autoridad, con denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León.
Sanciones por Uso Indebido de Recursos Públicos
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sancionado a Samuel García por utilizar recursos públicos para favorecer a candidatos de Movimiento Ciudadano en las elecciones pasadas. La Sala Especializada del TEPJF determinó que el gobernador utilizó de manera indebida recursos públicos para beneficiar a los entonces candidatos al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Herrera. El veredicto fue turnado al Congreso Local para que imponga las sanciones correspondientes al mandatario estatal.
Investigaciones por Lavado de Dinero y Evasión Fiscal
En marzo de 2024, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) había iniciado investigaciones contra Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. Se les acusa de operar un entramado de empresas fantasma para desviar recursos y evadir impuestos, lo que ha generado una creciente preocupación sobre la integridad financiera del gobernador y su círculo cercano.
Vínculos con Empresas Fantasma y Posible Lavado de Dinero
Una investigación de abril de 2021 reveló que Samuel García y su círculo familiar cercano recibieron depósitos de una empresa fantasma, lo que sugiere posibles prácticas de lavado de dinero. Estas irregularidades financieras han sido notificadas a las áreas de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que podría derivar en sanciones adicionales y una mayor escrutinio sobre las finanzas del gobernador.
Conflictos con el Congreso de Nuevo León
La relación entre Samuel García y el Congreso de Nuevo León se ha deteriorado debido a desacuerdos sobre el presupuesto estatal y otras políticas. Estos conflictos han puesto en riesgo la aprobación del presupuesto para el próximo año, afectando directamente a la población y a los proyectos de infraestructura en el estado. La falta de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo refleja una crisis política que podría tener consecuencias negativas para el desarrollo de Nuevo León.
Estos escándalos han generado un clima de desconfianza y preocupación entre la ciudadanía de Nuevo León, que exige transparencia y rendición de cuentas por parte de sus autoridades. La acumulación de denuncias y sanciones contra Samuel García pone en entredicho la integridad de su administración y plantea interrogantes sobre el futuro político del gobernador.
