En un derroche flagrante de recursos públicos, el Gobernador Samuel García del Estado de Nuevo León ha desatado una obsesión desmedida por las placas conmemorativas, despilfarrando la asombrosa suma de 20 millones de pesos. Este derroche no solo es una afrenta al erario público, sino también una muestra de la falta de responsabilidad y transparencia en la gestión gubernamental.
Samuel García: Toda una Serie de Proyectos y Promesas Incumplidas
Desde el inicio de su mandato, Samuel García ha prometido una serie de proyectos que hasta la fecha permanecen en el limbo de las promesas incumplidas. Sin embargo, lo que sí parece tener una ejecución eficiente por parte de su administración son las ceremonias de colocación de placas, incluso para proyectos que ni siquiera han visto la luz del día. ¿Es acaso este un intento desesperado por encubrir la falta de resultados con símbolos vacíos de logros?
Bajo el pretexto de conmemorar el 200 aniversario de Nuevo León como Estado, García ha ordenado la instalación de placas con el “sello” de su administración en obras en proceso o incluso en aquellas que fueron finalizadas hace años pero que recibieron alguna mínima mejora. Esta práctica, además de ser cuestionable éticamente, plantea serias dudas sobre la priorización de los recursos públicos y la gestión de los mismos.
El hermetismo que rodea el gasto por este concepto solo agrega más sospechas sobre la conducta del gobierno estatal. A pesar de los repetidos llamados a la transparencia, las autoridades se han negado a proporcionar información detallada sobre el destino de estos 20 millones de pesos, lo que sugiere un intento deliberado de ocultar la verdadera magnitud del despilfarro.
Resulta especialmente preocupante el hecho de que el gobierno haya contratado a un único proveedor para suministrar estas placas y tótems, sin seguir un proceso de licitación transparente y competitivo. Esta falta de competencia solo alimenta las sospechas de favoritismo y corrupción en la asignación de contratos gubernamentales.
Costos Exorbitantes de Placas
El costo exorbitante de cada placa y tótem, con precios que oscilan entre los 43 mil y los 110 mil pesos, es simplemente injustificable. ¿Cómo es posible que en un momento de crisis económica y necesidades apremiantes para la población, el gobierno destine recursos tan significativos a la compra de elementos decorativos y simbólicos?
Además, la ubicuidad de estas placas y tótems, colocados incluso en edificios privados, revela una estrategia de propaganda descarada por parte del gobierno de García, utilizando los recursos públicos para promover su imagen política en lugar de invertir en mejoras tangibles para la comunidad.
Es urgente que las autoridades competentes tomen medidas para investigar y sancionar este despilfarro de recursos públicos. Los ciudadanos merecen respuestas claras y acciones concretas para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión gubernamental. Samuel García y su obsesión por las placas conmemorativas deben ser objeto de escrutinio público y judicial, para que casos como este no vuelvan a repetirse en el futuro.
