En los últimos cuatro meses, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ha sido objeto de una serie de señalamientos que han generado gran controversia y escrutinio público. Los montos involucrados suman al menos mil millones de pesos, y los señalamientos abarcan desde triangulaciones de proveedores oficiales con sus empresas hasta la adquisición de un terreno en una zona de lujo. A continuación, se presenta un análisis detallado de los principales hechos y revelaciones.
El 13 de marzo, el periódico EL NORTE publicó un artículo revelador sobre Suministro MYR, uno de los proveedores más favorecidos por el gobierno de Samuel García. Según la investigación, MYR trianguló 202.9 millones de pesos a través de una empresa “hermana” hacia Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyF), el despacho del Gobernador y su padre, Samuel García Mascorro. Esta revelación despertó sospechas sobre posibles conflictos de interés y corrupción en la gestión de contratos gubernamentales.
Adquisición de un Megaterreno en San Pedro
Otra investigación periodística, publicada el 22 de mayo, sacudió aún más la opinión pública al revelar que Samuel García adquirió un predio de 17.6 hectáreas en una de las zonas más exclusivas de San Pedro, conocida como Mesa de la Corona. Este terreno tiene un valor comercial estimado de más de 700 millones de pesos y está registrado a nombre de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, una empresa encabezada por García y su padre. En el terreno, el Gobernador planea construir una residencia de 2,800 metros cuadrados, lo que ha levantado dudas sobre el origen de los fondos para dicha adquisición.
Crecimiento Exponencial de los Ingresos de Samuel
El 25 de mayo, EL NORTE publicó otra investigación que reveló un crecimiento exponencial en los ingresos de FJyF desde que Samuel García inició su carrera política en 2015. Especialmente notable es el aumento entre 2022 y 2023, ya como Gobernador, donde los ingresos del despacho pasaron de 1.7 millones a 600.6 millones de pesos. Este crecimiento sin precedentes ha generado sospechas de que los fondos podrían estar vinculados a contratos gubernamentales y triangulaciones ilícitas.
Don Cacahuato y el DIF Estatal
El portal Latinus publicó el martes pasado una nueva investigación en la que se detalló que Comercializadora Don Cacahuato, una empresa que ha recibido contratos del DIF estatal, pagó 4.6 millones de pesos a FJyF a través de una de sus filiales. Cabe destacar que el DIF estatal está presidido de manera honorífica por Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador. Esta conexión ha suscitado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y nepotismo en la asignación de contratos.
Pagos de PILSA
Finalmente, el jueves, EL NORTE reveló que PILSA, uno de los principales contratistas de obras carreteras del Estado, entregó 40 millones de pesos a FJyF, también a través de una empresa “hermana”. Además, el viernes se descubrió que MYR no solo trianguló fondos al despacho de García, sino que también pagó 9.6 millones de pesos a una firma de la familia de Miguel “Mike” Flores Serna, titular de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura. Estos hallazgos sugieren una posible red de triangulaciones y pagos que involucran a altos funcionarios del gobierno estatal.
En resumen, los señalamientos contra Samuel García en los últimos cuatro meses suman mil millones de pesos y abarcan diversas formas de triangulaciones y adquisiciones cuestionables. Estas revelaciones han puesto al Gobernador bajo un intenso escrutinio y han suscitado un debate sobre la transparencia y la integridad en la administración pública de Nuevo León. La opinión pública y las autoridades correspondientes deberán seguir de cerca estas investigaciones para asegurar que se haga justicia y se mantenga la confianza en las instituciones gubernamentales.
