Recientemente, se ha generado un gran debate sobre el aumento previsto en las tarifas del transporte público en Nuevo León. Este ajuste, impulsado por el gobierno de Movimiento Ciudadano, podría alcanzar hasta los 21 pesos. Sin embargo, legisladores locales y colectivos de la sociedad civil han levantado la voz para alertar sobre la ilegalidad del proceso, ya que no se estaría cumpliendo con los procedimientos establecidos por la ley. En este artículo, exploramos todos los detalles y las implicaciones de este aumento, y por qué se considera problemático.
¿Qué Está Diciendo el Gobierno de Movimiento Ciudadano?
El gobierno estatal, liderado por Samuel García, ha propuesto un aumento en las tarifas del transporte público en medio de una creciente demanda por mejorar el servicio de movilidad en la ciudad. Aunque el aumento parece una medida necesaria debido a los costos operativos, muchos cuestionan si el proceso ha sido transparente y si se ha seguido el protocolo correspondiente.
El Aumento Propuesto: ¿Realmente Justificado?
El aumento en las tarifas de las rutas urbanas podría llevar el costo actual de 12 y 15 pesos a 21 pesos. Aunque el gobierno argumenta que esta subida es necesaria para mejorar la infraestructura del transporte, las críticas apuntan a que no se ha demostrado de manera adecuada que este ajuste sea imprescindible para el buen funcionamiento del sistema.
La Ilegalidad del Aumento: ¿Está Cumpliendo con los Requisitos Legales?
La principal preocupación es que el proceso para implementar este aumento no ha seguido los pasos establecidos por la Ley de Movilidad. Según las leyes locales, cualquier cambio en las tarifas del transporte público debe pasar por un proceso de aprobación que involucra varias instancias, entre ellas la Comisión de Tarifas, el Consejo Consultivo y la Junta de Gobierno de Movilidad.
Faltan Procedimientos Cruciales: ¿Por Qué es Preocupante?
Legisladores y expertos han señalado que, hasta el momento, no se ha seguido correctamente el procedimiento de consulta y revisión de tarifas. Las organizaciones de la sociedad civil y algunos diputados locales han destacado que el Consejo Consultivo del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) aún no ha sido convocado de manera formal para debatir sobre el incremento, lo que pone en duda la legitimidad del aumento.
Exigencia de Transparencia en el Proceso
Frente a este escenario, las voces disidentes exigen que el proceso se realice de acuerdo con la ley y que no se tome una decisión unilateral. La falta de transparencia en la implementación de tarifas podría no solo poner en riesgo la legalidad del aumento, sino también aumentar la desconfianza de la población hacia las autoridades responsables de la movilidad.
Reacciones de los Legisladores y Colectivos Ciudadanos
Legisladores y colectivos han mostrado su preocupación ante la falta de claridad sobre el proceso. Según Élida Sandate, miembro del colectivo Ciudadanos Desconocidos, todo aumento debe seguir un protocolo específico que incluye la participación activa de los usuarios y un estudio detallado que justifique el ajuste en las tarifas.
La Resistencia de los Diputados
Los diputados han sido firmes en su oposición a este aumento. Aunque algunos de ellos pertenecen a Movimiento Ciudadano, han señalado que no están de acuerdo con cómo se está manejando este proceso. La Diputada Rocío Montalvo y otros representantes locales han expresado que el aumento debería pasar por una discusión más exhaustiva, especialmente a través de la Comisión de Tarifas, que hasta ahora no se ha convocado para deliberar sobre el tema.
¿Qué Significa Este Aumento para los Ciudadanos de Nuevo León?
Si el aumento sigue adelante sin las debidas consultas, podría generar un gran malestar entre los usuarios del transporte público, quienes ya enfrentan problemas recurrentes de servicio. Con un costo cada vez mayor, muchos ciudadanos temen que el servicio no mejore y, al mismo tiempo, el costo de su vida diaria se eleve innecesariamente.
Impacto en el Bolsillo de los Regiomontanos
El transporte público es una de las opciones más utilizadas en Monterrey y su área metropolitana. Un aumento en las tarifas afectaría principalmente a las personas con menos recursos, quienes dependen de este servicio para llegar a sus trabajos, escuelas y otros destinos esenciales. Un alza de hasta 21 pesos podría ser un golpe duro para muchas familias que ya enfrentan dificultades económicas.
¿Qué Siguientes Pasos Se Esperan?
El futuro de este aumento está ahora en manos de las autoridades locales. Los colectivos y legisladores han prometido seguir luchando para garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos y que el proceso se realice conforme a la ley. Mientras tanto, el gobierno estatal aún tiene la oportunidad de hacer un llamado a la transparencia y el diálogo, garantizando que las decisiones sobre el transporte público sean en beneficio de la mayoría.
Este aumento al transporte en Nuevo León plantea importantes interrogantes sobre la legalidad y la transparencia en los procesos gubernamentales. Si bien es necesario mejorar el sistema de transporte público, es crucial que cualquier cambio en las tarifas sea implementado de manera justa y conforme a la ley. Los ciudadanos tienen derecho a exigir claridad y justicia en estas decisiones que afectan su día a día.
