Inicio del Paro y Motivos de la Protesta
Desde el primer minuto del lunes 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en seis estados de México iniciaron un paro indefinido de labores. Este movimiento fue una respuesta directa a la presentación de un nuevo dictamen sobre la reforma al poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, parte del llamado Plan C, ha generado gran controversia debido a los cambios significativos que busca implementar en el sistema judicial, como la imposición de plazos máximos para la resolución de casos, la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y un proceso de elección ciudadana coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Manifestación en Monterrey: Detalles y Participación
En Monterrey, cerca de 900 empleados del Poder Judicial se concentraron a partir de las 9:30 de la mañana en el edificio ubicado en la colonia Santa Engracia. Durante esta concentración, se llevó a cabo un posicionamiento oficial en el que todos los participantes vestían una playera negra con la consigna “Ignorarnos No es Diálogo”. Además de la manifestación simbólica, los trabajadores realizaron una marcha que avanzó por avenidas importantes como San Francisco y Morones Prieto, causando algunas complicaciones en el tráfico vehicular al invadir un solo carril. La marcha concluyó en las instalaciones del cuarto circuito del Poder Judicial, donde los manifestantes permanecieron por más de dos horas.
Declaraciones del Poder Judicial
Antonio Ceja Ochoa, director regional de jueces y magistrados en Nuevo León, fue una de las voces más destacadas durante la manifestación. En su discurso, Ceja Ochoa expresó su profunda preocupación por la reforma propuesta, calificándola como un retroceso de 30 años para el Poder Judicial. Según él, la eliminación del sistema de carrera judicial basado en méritos, reemplazado por designaciones por voto popular, menospreciaría la preparación y profesionalismo de los jueces y magistrados. Además, señaló que aunque los trabajadores del Poder Judicial ya han comenzado a suspender labores en varios estados, esta suspensión aún no incluye a los jueces. Sin embargo, anunció que jueces y magistrados en todo el país estaban votando para decidir si suspenderían labores a partir del miércoles.
Implicaciones de la Reforma Judicial
La reforma judicial de AMLO ha sido vista por muchos dentro del Poder Judicial como un intento de someter a este poder a los intereses del Ejecutivo. Los trabajadores del PJF han expresado su preocupación de que esta reforma podría debilitar la independencia judicial, lo que tendría graves consecuencias para el sistema de justicia en México. En un comunicado, hicieron un llamado urgente a la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, universidades y colectivos a unirse en defensa del país y del sistema judicial.
A pesar de la suspensión de labores, Ceja Ochoa aseguró que los casos urgentes, como aquellos donde está de por medio la vida, la libertad de alguna persona, o la situación de niños, niñas y adolescentes, seguirán siendo atendidos. “Lo que buscamos es no afectar a la sociedad, pero al mismo tiempo que la sociedad vea lo que está pasando en México y esté informada sobre esta reforma”, señaló. El paro indefinido, aunque tiene el objetivo de defender la independencia judicial, también pone en riesgo la atención de otros casos no considerados urgentes, lo que podría generar tensiones adicionales en la relación entre el Poder Judicial y la sociedad.
Próximos Pasos y Expectativas del Poder Judicial
Dependiendo del resultado de la votación entre jueces y magistrados, la suspensión de labores podría ampliarse a todo el país, afectando de manera significativa el funcionamiento del sistema judicial. La decisión será anunciada por la directora nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados, y se espera que marque un punto crucial en la lucha por la defensa del Poder Judicial en México. Ceja Ochoa concluyó su mensaje enfatizando que este paro es una medida necesaria para proteger la independencia judicial y garantizar que el sistema de justicia en México siga siendo imparcial y efectivo.
Este movimiento representa una de las mayores manifestaciones de oposición a las políticas del presidente López Obrador dentro del Poder Judicial, y su desenlace podría tener implicaciones profundas para el futuro del sistema judicial en el país.
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