El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se enfrenta a acusaciones de extorsión y corrupción, que han generado enormes ingresos para sus despachos de abogados a través de prácticas ilícitas.
Aumentan ingresos por extorsión para Samuel García
Durante la gestión de Samuel García, los despachos Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. y GMA Firma Jurídica Fiscal S.C. han recibido más de 1,781 millones de pesos. Este incremento se atribuye a una presunta red de extorsión dirigida a transportistas y empresarios de hidrocarburos. La Dirección General de Comercio Exterior del estado habría incautado mercancías y cobrado entre 200 y 400 dólares por pipa de gasolina retenida. Para liberar sus bienes, los afectados se ven obligados a contratar los servicios de estos despachos, generando así un notable aumento en sus ingresos.
Esta falta de transparencia y el uso cuestionable de los recursos públicos han provocado indignación entre los ciudadanos, quienes exigen una auditoría para esclarecer los detalles y la legalidad de estas acciones. La percepción de corrupción ha incrementado la presión sobre García para que rinda cuentas.
Triangulación de fondos y corrupción de Samuel García
La controversia se agrava con informes que revelan que uno de los despachos de García recibió 200 millones de pesos de un proveedor estatal, sin especificar los servicios prestados. Este movimiento financiero ha generado dudas sobre la ética y legalidad de estas operaciones, afectando la credibilidad de García y su administración.
Carlos Contreras Segovia, titular de la Dirección General de Comercio Exterior, es señalado como el principal operador de estas actividades. Con antecedentes de corrupción en el SAT, se le acusa de manipular documentos para favorecer a empresas evasoras de impuestos. Su implicación refuerza las acusaciones de corrupción en la administración de García.
Impacto en el sector hidrocarburos
El esquema de extorsión ha impactado gravemente al sector de hidrocarburos en Nuevo León. Empresas como Petrolíferos Lobo S de RL de CV, Enerey Latinoamérica S de RL de CV y Maquiladora de Lubricantes SA de CV han pagado millones de pesos a los despachos de García para liberar sus bienes retenidos. Esta situación no solo perjudica a las empresas, sino que también erosiona la confianza en las instituciones gubernamentales.
El monto acumulado de estas extorsiones asciende a 370 millones de pesos, destacando la magnitud de la red de corrupción. Las repercusiones económicas y de reputación para las empresas y el gobierno estatal son profundas, aumentando las demandas de una auditoría exhaustiva y medidas correctivas.
¿Qué relevancia tiene este caso?
Este escándalo resalta la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Las acusaciones de extorsión y enriquecimiento ilícito durante la administración de Samuel García subrayan la urgencia de implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
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