Desde el año 2020, la libertad de prensa en Nuevo León ha enfrentado un alarmante deterioro. Bajo la administración estatal de Movimiento Ciudadano (MC), encabezada por el gobernador Samuel García, el estado ha registrado 24 de los 28 casos de agresiones a periodistas documentados en el periodo. Este incremento en las agresiones ha encendido las alertas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de derechos humanos, quienes denuncian detenciones arbitrarias, intimidación y actos de censura.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ha reportado que el 85% de las vulneraciones a la libertad de prensa en el estado ocurrieron en los últimos tres años, precisamente bajo el gobierno de MC. Las cifras evidencian un problema sin precedentes en la historia reciente del estado.
De estos 24 casos de agresiones, 16 derivaron en la apertura de expedientes de queja, mientras que seis fueron atendidos de oficio y los casos restantes se documentaron a través de peticiones ciudadanas. Estos ataques van desde el uso desproporcionado de la fuerza hasta detenciones ilegales y actos de intimidación hacia periodistas que cubren temas sensibles.
Recomendaciones Ignoradas: La CEDHNL Exige Medidas de Protección a la Prensa
En respuesta a la preocupante situación, la CEDHNL emitió la recomendación 006/2023 a la Secretaría de Seguridad del Estado tras un caso de intento de detención y decomiso de equipo a un periodista de N+ Monterrey por parte de la policía de Fuerza Civil. La recomendación exige a la Secretaría de Seguridad, liderada por Gerardo Escamilla, que implemente cursos de capacitación para personal de seguridad, mesas de trabajo y protocolos de actuación en situaciones que involucren a periodistas.
Sin embargo, a pesar de las recomendaciones emitidas en agosto de 2023, la Secretaría aún no cumple con el protocolo solicitado. Organizaciones como Artículo 19 y la ONU han ofrecido colaborar en la creación de un marco de acción seguro, pero no han recibido una respuesta favorable por parte del gobierno estatal.
Propuestas de Artículo 19 para un Protocolo de Protección a Periodistas
En septiembre de 2024, la organización Artículo 19, respaldada por Naciones Unidas, reiteró su propuesta de colaboración gratuita para desarrollar un protocolo de protección para periodistas. Este plan incluye capacitaciones para las fuerzas de seguridad y los periodistas, mesas de diálogo y una mayor sensibilización sobre los derechos humanos y la libertad de expresión.
Diez municipios de la zona metropolitana aceptaron unirse a esta iniciativa; sin embargo, el gobierno de Nuevo León ha demorado su implementación, dejando a los periodistas en un estado de vulnerabilidad. “El objetivo es que la policía entienda el rol de la prensa en la democracia y que los periodistas tengan claro qué hacer y qué no en determinadas situaciones, especialmente en temas de seguridad,” señaló Pedro Cárdenas, representante de Artículo 19.
Marco Legal Restringe la Libertad de Prensa en Nuevo León
Además de las agresiones físicas y amenazas, los periodistas en Nuevo León enfrentan un marco legal restrictivo. A diferencia del Código Penal Federal, donde delitos como difamación y calumnia fueron despenalizados en 2007, en Nuevo León estos cargos continúan vigentes. Estos llamados “delitos contra el honor” pueden ser castigados con hasta seis años de prisión, lo que incrementa la presión sobre quienes intentan informar.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los periodistas han propuesto al Congreso de Nuevo León la eliminación de estos delitos, argumentando que son incompatibles con los estándares internacionales de libertad de expresión dictados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, el proceso legislativo para reformar estas leyes se ha estancado.
Exigen Protección Legal para Periodistas en Nuevo León
Ante la falta de respuesta estatal, organizaciones como Propuesta Cívica, la Red de Periodistas del Noreste y la Asociación de Periodistas de Nuevo León entregaron una iniciativa al Congreso del Estado. Su objetivo es crear una Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que incluya la eliminación de los delitos de difamación y calumnia, así como la reforma a la Ley de Profesiones que actualmente limita la práctica del periodismo a quienes tienen un título en ciencias de la comunicación o periodismo.
Esta propuesta también exige la renovación de los códigos civil y penal para alinearlos con los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos. Las agrupaciones señalan que, sin una protección efectiva, se limita la libertad de expresión y el flujo de información, elementos esenciales para una sociedad democrática.
¿Qué Futuro Espera a los Periodistas en Nuevo León?
Con la constante omisión del gobierno de Movimiento Ciudadano y la falta de implementación de medidas efectivas, el futuro de la libertad de prensa en Nuevo León sigue en incertidumbre. Las organizaciones de derechos humanos continúan haciendo un llamado a las autoridades para que adopten políticas y protocolos de protección que garanticen el ejercicio libre y seguro del periodismo.
La pregunta que queda es: ¿Podrán las autoridades de Nuevo León asegurar un ambiente de trabajo seguro para los periodistas, o seguirán estos profesionales de la información enfrentándose a amenazas, agresiones y censura? La libertad de prensa es uno de los pilares de una democracia sólida, y su vulnerabilidad en el estado plantea graves preocupaciones sobre el compromiso de la administración de Movimiento Ciudadano con los derechos fundamentales de la sociedad.
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