La adquisición de 2,000 camiones para el sistema de transporte público de Nuevo León ha generado incertidumbre. Representantes de diversos consorcios de transporte expresaron sus preocupaciones sobre la capacidad del gobierno estatal, encabezado por Samuel García, para financiar este millonario proyecto de arrendamiento.
Preocupaciones Surgidas en la Junta de Aclaraciones
Durante la Junta de Aclaraciones del 3 de octubre, convocada por el Comité de Adquisiciones del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), los representantes de consorcios como Volvo Grupo México, Integra Arrenda y LDR Solutions hicieron preguntas clave sobre la viabilidad del arrendamiento. Uno de los principales cuestionamientos fue la sostenibilidad del presupuesto proyectado para cubrir los seis años del contrato.
La firma Integra Arrenda preguntó directamente si el documento presupuestario para este proyecto está respaldado jurídicamente y si es sostenible. Además, los consorcios solicitaron informes sobre la existencia de un fideicomiso que asegure el pago de las unidades arrendadas.
El Papel del Congreso en la Aprobación del Presupuesto
Un aspecto que generó gran inquietud entre los representantes de las empresas fue la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso local. Algunos proveedores señalaron que, debido a que el contrato de arrendamiento es de seis años y el mandato de Samuel García tiene solo tres años restantes, el presupuesto debe ser aprobado anualmente por el Congreso estatal.
“¿Cómo se garantiza que estos seis años de obligaciones de pago no se verán afectados por un cambio de gobierno?”, fue una de las preguntas lanzadas durante la reunión. Este aspecto pone en duda la continuidad de los pagos en caso de que la siguiente administración estatal tenga otras prioridades presupuestarias.
Respuesta del Gobierno: Un Proyecto Autofinanciable
Ante las preocupaciones presentadas, el Gobierno estatal, a través del IMA, aseguró que la contratación de los camiones se realiza bajo la modalidad de proyecto autofinanciable, tal como lo establece la Ley de Administración Financiera para el Estado. Esto significa que los recursos para financiar el arrendamiento provendrán de los ingresos generados por el propio sistema de transporte, sin que sea necesario un incremento directo en el gasto público.
Sin embargo, esta respuesta no satisfizo a todos los presentes. El representante de Volvo Grupo México insistió en saber si existiría alguna garantía de pago a través de un fideicomiso, lo cual fue confirmado posteriormente por el IMA, aunque no se ofrecieron más detalles sobre las condiciones de dicho fideicomiso.
El Futuro del Proyecto: Incertidumbre Financiera
A pesar de las respuestas del Gobierno, las dudas persisten entre los proveedores y representantes del sector transporte. Con solo tres años restantes del actual gobierno y un contrato de seis años por cumplir, la sostenibilidad de este arrendamiento millonario continúa siendo una interrogante.
El Gobierno ha asegurado que el fideicomiso garantizará el pago, pero los representantes de los consorcios han expresado que las condiciones fiscales y políticas en los próximos años serán clave para determinar si el proyecto es viable a largo plazo.
¿Qué Sigue para el Transporte Público en NL?
La apuesta por un arrendamiento de tal magnitud pone sobre la mesa la necesidad de mejorar el transporte público en Nuevo León. Sin embargo, este ambicioso proyecto dependerá de la habilidad del gobierno para cumplir con sus compromisos financieros a pesar de los posibles cambios políticos y económicos.
El éxito del plan no solo impactará la movilidad de los ciudadanos, sino que también podría afectar la confianza de los proveedores en futuros proyectos de infraestructura en el estado.
