El reciente aumento en las tarifas de transporte urbano en Nuevo León, que eleva el costo del pasaje de 12 a 15 pesos, ha generado un rechazo generalizado en el Congreso local, donde legisladores de todos los partidos exigen una reversión inmediata. La medida, aprobada por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), ha sido calificada como injusta y perjudicial para los ciudadanos, especialmente para los sectores de bajos ingresos, quienes dependen del transporte público como su principal medio de movilidad. La exigencia de revertir el aumento tarifario se ha convertido en un tema prioritario en la agenda de los diputados locales.
Legisladores Unen Fuerzas Contra el Aumento
La indignación por el incremento de tarifas ha unido a diputados de diferentes fracciones en el Congreso local, quienes consideran que el aumento es una decisión insensible y un golpe directo a la economía de los usuarios del transporte público. Coordinadores de la oposición opinan que no fue consultada con los ciudadanos y afecta negativamente a miles de personas que ya enfrentan dificultades económicas. Otros líderes de bancada, como Perla Villarreal (PRD) y Claudia Chapa (PVEM), se sumaron a la condena y coincidieron en que la falta de transparencia y el unilateralismo con el que se decidió el aumento son inaceptables.
La presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso, Ailé Tamez, se comprometió a utilizar todos los recursos legales a su alcance para intentar frenar el incremento. En sus declaraciones, enfatizó que la decisión afecta principalmente a los ciudadanos de menores ingresos, quienes se ven obligados a destinar una mayor parte de su salario en transporte sin que haya una mejora visible en la calidad del servicio.
Critican Decisión del Instituto de Movilidad
El Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León ha sido el principal blanco de las críticas por parte de los legisladores, quienes acusan a la entidad de actuar de manera unilateral y sin sensibilidad hacia la situación económica de la ciudadanía. Legisladores del PRI, como Lorena de la Garza, señalaron que el aumento representa una medida que podría ser incluso ilegal. Según De la Garza, la reclasificación de rutas y el aumento de tarifas afectan directamente a los usuarios y se realizaron sin la aprobación o consulta de los ciudadanos. En este sentido, el equipo jurídico del PRI ha comenzado a evaluar la legalidad de la decisión y si existen bases para proceder legalmente en contra del tarifazo en Nuevo León
Javier Caballero, también del PRI, describió el aumento como una “triquiñuela” para justificar el incremento, mientras que Rocío Montalvo, del Movimiento Ciudadano, criticó el uso de “lagunas legales” para imponer un golpe al bolsillo de los usuarios. Montalvo denunció que este tipo de decisiones demuestran la falta de sensibilidad del gobierno estatal y señaló que siempre son los ciudadanos quienes deben pagar las consecuencias de las decisiones políticas.
El Congreso Demanda Justicia para los Usuarios
Ante el creciente descontento, la bancada de Morena también manifestó su rechazo a la medida a través de su representante, la diputada Grecia Benavides. La legisladora enfatizó que el aumento tarifario no está justificado debido a la falta de renovación de unidades de transporte, lo que implica que los usuarios están pagando más por un servicio que no presenta mejoras. Benavides expresó que la falta de transparencia y la imposición del tarifazo sin informar previamente a la ciudadanía han dejado al Congreso sin otra opción que exigir una reversión inmediata de la medida.
La diputada Perla Villarreal, del PRD, calificó la medida como “injusta e inoportuna” y mencionó que, además de afectar a los ciudadanos, el tarifazo es una decisión que refleja una insensibilidad hacia la situación económica de muchas familias en Nuevo León. Según Villarreal, el transporte público es un servicio esencial, y el aumento en el costo del pasaje solo profundiza las dificultades que enfrenta la población vulnerable.
