La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación que involucra a dos altos funcionarios de la administración del Gobernador de Nuevo León, Samuel García. Miguel Ángel “Mike” Flores, jefe de la Oficina de la Gubernatura, y Gloria María Morales, Secretaria de Administración estatal, están siendo acusados de realizar operaciones inexistentes mediante el uso de comprobantes fiscales.
Documentación Revela Investigación en Curso contra Cercanos a Samuel
La investigación contra Flores y Morales se detalla en una documentación a la que tuvo acceso EL NORTE, con fecha del 27 de mayo. Según esta, los funcionarios son investigados por simular operaciones con comprobantes fiscales, en base al Artículo 113, Fracción 3, del Código Fiscal de la Federación. Este artículo especifica que es delito expedir, adquirir o enajenar comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
La acusación implica que presentaron facturas fiscales sin respaldo documental de que el bien o servicio facturado haya sido entregado. La agente del Ministerio Público federal, Sandra Flores Mora, ha solicitado al Centro Federal de Inteligencia Criminal una ficha técnica de identificación de ambos funcionarios, como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CHIH/0000852/2019.
Solicitudes de información para avanzar la investigación
Para fortalecer la investigación, la agente del Ministerio Público también solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y la constancia de situación fiscal de los investigados. Estas solicitudes fueron giradas el 27 de mayo pasado.
Además, el 28 de mayo se publicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada federal (FEMDO) está investigando a Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del Gobernador Samuel García, por delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A García Villarreal se le acusa de un perjuicio al Fisco federal de más de 3 millones de pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales 2018 y 2019.
Contexto de las investigaciones en curso
Estas indagatorias no son aisladas. El 1 de julio del año pasado se reveló que la FGR mantenía abierta una carpeta de investigación contra el Gobernador Samuel García y varios miembros de su familia por presunto financiamiento ilícito de su campaña a la gubernatura en 2021. Entre los investigados estaban su padre, Samuel Orlando García Mascorro; su esposa, Mariana Rodríguez, y su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez.
Las investigaciones en curso han puesto en el centro de atención la administración de Samuel García y sus cercanos, destacando posibles irregularidades en el manejo de recursos y la integridad fiscal de sus operaciones. La situación se vuelve más crítica considerando el papel prominente de Miguel Ángel Flores como mano derecha del Gobernador y su inminente transición a un puesto como Diputado local plurinominal por Movimiento Ciudadano (MC) a partir del 1 de septiembre.
La respuesta pública y el impacto político
El desarrollo de estas investigaciones ha generado un considerable interés público y político. El hecho de que altos funcionarios estén bajo la lupa por supuestas irregularidades fiscales plantea serias preguntas sobre la transparencia y la legalidad en la administración de Nuevo León. Además, la implicación de familiares cercanos del Gobernador en investigaciones relacionadas a fraude y operaciones ilícitas amplifica la gravedad del caso.
La imagen de Samuel García y su administración podría sufrir un golpe significativo si se confirman las acusaciones. A medida que la investigación avanza, la presión sobre la administración para demostrar su compromiso con la legalidad y la transparencia será cada vez mayor.
Por su parte, la posición de Flores y Morales se vuelve cada vez más complicada, dado que las acusaciones apuntan a una posible red de corrupción que podría haber facilitado operaciones fiscales fraudulentas. La naturaleza de los cargos, que implican la simulación de operaciones mediante comprobantes fiscales falsos, es particularmente grave y sugiere un intento deliberado de engañar al sistema fiscal.
