En un esfuerzo por fortalecer la legalidad electoral, el municipio de San Pedro Garza García formalizó un convenio de colaboración con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado. Este acuerdo tiene como finalidad establecer acciones conjuntas para la prevención, detección y sanción de cualquier irregularidad que pueda surgir durante los procesos electorales.
La firma de este convenio marca un paso relevante en la estrategia municipal para garantizar transparencia en los próximos comicios. A través de este acuerdo, se busca blindar la administración pública frente a posibles prácticas ilegales que puedan comprometer la confianza ciudadana y la imparcialidad electoral.
Capacitación Especializada Para Personal Municipal Y Policial
Como parte inicial de este convenio, se pondrá en marcha un programa de capacitación especializada dirigido a los funcionarios de distintas áreas del municipio. La Contraloría Municipal y la Policía de San Pedro serán los primeros en recibir esta formación, para la prevención e identificación de posibles conductas que puedan constituir delitos electorales.
El Fiscal Especializado en Delitos Electorales del Estado, Gustavo Javier Solís Ruiz, informó que las capacitaciones no solo serán teóricas, sino también prácticas. El personal aprenderá a reconocer señales de advertencia, interpretar normativas y aplicar los protocolos correspondientes para actuar ante situaciones sospechosas.
Con estas acciones, se pretende que los servidores públicos cuenten con las herramientas necesarias para actuar de manera oportuna y eficaz en la prevención de ilícitos electorales.
Participación De Autoridades Municipales En La Firma
La firma del convenio contó con la presencia de varios funcionarios municipales que respaldaron el compromiso institucional con la legalidad electoral. Entre ellos estuvieron:
- Daniel Ruiz Chávez, Secretario de la Contraloría y Transparencia
- Mauricio Farah, Secretario del Ayuntamiento
- Alberto Herrera Hernández, Secretario de Administración e Inteligencia Artificial
- Juan Pablo Castuera, Secretario Ejecutivo del Alcalde
- Sofía Leal Herrera, Síndica Primera
- Félix Rocha, Director de Gobierno de la Secretaría del Ayuntamiento
La presencia de estos funcionarios refleja la intención del gobierno municipal de involucrar a todas sus áreas operativas en la prevención de delitos electorales.
San Pedro Busca Blindarse Ante Delitos Electorales
Durante la ceremonia de firma, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, destacó la importancia de adoptar medidas preventivas que permitan mantener la integridad de los procesos electorales.
“El objetivo es que nuestra administración esté preparada para evitar cualquier tipo de manipulación o presión indebida sobre el electorado o los funcionarios públicos durante los periodos de campañas y elecciones”, afirmó el edil.
Este acuerdo no solo fortalece el marco legal local, sino que envía un mensaje claro sobre el compromiso del municipio con el respeto a la democracia y la ética pública. Al anticiparse a posibles escenarios de riesgo, se busca preservar la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad del proceso electoral.
Por Delitos Electorales Se Remarca La Importancia De La Ética Pública Y Cultura De La Legalidad
El convenio no solo contempla la capacitación técnica del personal, sino que también busca fortalecer la cultura de la legalidad dentro de la administración municipal. Se pretende que los servidores públicos asuman un compromiso permanente con los principios éticos que rigen la función pública, especialmente durante los periodos electorales, donde la neutralidad institucional debe ser absoluta.
Al fomentar la ética pública como eje rector de su actuación, el municipio de San Pedro se posiciona como un ejemplo de cómo los gobiernos locales pueden adoptar medidas proactivas para proteger el sistema democrático.
Esta iniciativa responde al creciente interés por consolidar mecanismos preventivos que eviten escenarios de coacción, uso indebido de recursos públicos o cualquier tipo de intervención irregular que pueda alterar la voluntad ciudadana en las urnas.
