La diputada Lorena de la Garza, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha denunciado públicamente una serie de irregularidades cometidas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en el proceso de juicio político contra el Gobernador Samuel García. Según De la Garza, el Tribunal, que carece de autoridad para intervenir en asuntos del Poder Legislativo, otorgó una suspensión al Gobernador, lo que ella considera una maniobra corrupta destinada a frenar el proceso legal en su contra.
Tribunal de Justicia Administrativa Bajo Sospecha
La controversia ha aumentado debido a la presencia de varios ex empleados del despacho jurídico de Samuel García en el Tribunal de Justicia Administrativa. De la Garza reveló que al menos cuatro ex colaboradores del Gobernador y de su padre, Samuel García Mascorro, actualmente trabajan en el TJA. Este hecho ha generado sospechas sobre un posible conflicto de intereses y favoritismo dentro del Tribunal, sugiriendo que las decisiones tomadas podrían estar influenciadas por presiones externas.
Como resultado de estas irregularidades, el Congreso local ha decidido tomar medidas legales contra Elva Gabriela Sánchez, Secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal en funciones de magistrada, quien fue la encargada de otorgar la suspensión al Gobernador. La denuncia se presentará ante la Fiscalía Anticorrupción, argumentando que el Tribunal de Justicia Administrativa ha actuado fuera de su competencia, violando la Ley de Amparo al intervenir en un asunto que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.
Congreso Promete Continuar Juicio Político
A pesar de los intentos del Tribunal de detener el proceso, la bancada del PRI ha asegurado que el juicio político contra Samuel García continuará su curso. De la Garza afirmó que, aunque el Gobernador ha logrado obtener una suspensión a través de lo que ella describe como maniobras ilegales, el Congreso local no se dejará intimidar y seguirá adelante con las acciones legales correspondientes. La diputada subrayó que las acciones del Tribunal no solo son ilegales, sino que también representan un intento de obstruir la justicia y proteger al Gobernador de las consecuencias de sus actos.
Este caso ha generado una gran controversia en Nuevo León, planteando serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad del Tribunal de Justicia Administrativa. La denuncia penal presentada por el Congreso local contra la funcionaria del Tribunal es un paso importante en la lucha contra lo que se percibe como un abuso de poder y un intento de proteger al Gobernador de la justicia. El desenlace de este proceso será crucial para determinar si las instituciones en el estado actuarán con transparencia y en defensa de la legalidad.
