En los últimos años, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León ha enfrentado un aumento alarmante en las quejas relacionadas con la vulneración de los derechos de los menores bajo su custodia. Desde el 2020 hasta la fecha, se han acumulado 201 denuncias que apuntan a diversas violaciones, entre ellas abuso físico, emocional y la falta de acceso a visitas familiares regulares. Las organizaciones civiles, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), han levantado la voz para denunciar la situación y exigir que se tomen medidas para proteger a los menores en el sistema.
Este incremento en las quejas es una señal preocupante de que el DIF Nuevo León, una institución que debería ser sinónimo de protección y bienestar infantil, está fallando en su misión de resguardar los derechos fundamentales de los menores bajo su cuidado. Aunque el gobierno estatal ha intentado en varias ocasiones presentar al DIF Capullos, el centro de atención de este sistema, como un modelo de éxito, las denuncias y críticas continúan siendo cada vez más frecuentes, lo que pone en evidencia las falencias en la administración de los servicios a los niños en situación de vulnerabilidad.
H2: Organizaciones denuncian abusos al DIF
Entre las denuncias más graves que se han presentado contra el DIF de Nuevo León, destaca el uso indebido de imágenes de menores con fines políticos. En ocasiones recientes, se ha dado a conocer que menores bajo el cuidado de la institución fueron grabados y mostrados en videos durante el Tercer Informe de Gobierno del gobernador Samuel García, una acción que ha sido condenada por la CEDH y REDIM. Ambas organizaciones aseguran que la proyección de estos menores en un contexto político vulnera su derecho a la intimidad y pone en riesgo su seguridad, al exponerlos a la opinión pública sin el consentimiento adecuado.
El uso de imágenes de menores en estos informes de gobierno ha sido un punto de controversia, pues se considera que este tipo de prácticas no solo son éticamente cuestionables, sino que también son ilegales. Las leyes mexicanas, que protegen los derechos de los niños, prohíben la explotación de su imagen, especialmente con fines de propaganda política. En este sentido, se ha advertido sobre la necesidad urgente de garantizar que las infancias y adolescencias no sean utilizadas como herramientas en la guerra mediática entre políticos, ya que esto podría generar efectos negativos en su bienestar y desarrollo emocional.
Vulneración de la privacidad y seguridad infantil
El aumento de las quejas en torno al DIF Nuevo León también ha puesto en evidencia la falta de protección de los derechos de los menores en lo que respecta a su privacidad y seguridad. La exposición de niños y adolescentes en el contexto de la propaganda política no solo los coloca en una situación vulnerable, sino que también pone en peligro su integridad personal. Las organizaciones que defienden los derechos de los niños han señalado que la institución no está tomando las medidas necesarias para resguardar la privacidad de los menores y protegerlos de posibles consecuencias negativas.
Es fundamental recordar que los menores bajo el cuidado del DIF no solo son sujetos de protección legal, sino que también deben ser tratados con el máximo respeto a su dignidad y derechos humanos. En este sentido, el uso de sus imágenes sin el consentimiento adecuado va en contra de los principios básicos de respeto a su intimidad. Al exponer a estos menores de manera pública y sin un propósito claro que beneficie su bienestar, se está incurriendo en una violación de sus derechos fundamentales.
