El contrato millonario otorgado por el Gobierno de Samuel García para el arrendamiento de 600 camiones chinos ha generado fuertes cuestionamientos en Nuevo León. La empresa beneficiada, Ego Móvil, recibió un contrato por 3,307 millones de pesos, a pesar de haber estado inactiva durante 19 años antes de su adjudicación. Esta situación ha despertado dudas sobre la transparencia del proceso y posibles irregularidades.
¿Qué es Ego Móvil?
Ego Móvil, una empresa que durante casi dos décadas no registró actividad ni clientes, se convirtió en mayo de 2023 en la principal proveedora de transporte público para el estado. Desde entonces, ha facturado al menos 1,312 millones de pesos al Instituto de Movilidad estatal. Este historial inusual ha sido señalado como un punto crítico en las acusaciones de opacidad.
Reacciones de los Legisladores de Nuevo León
Carlos de la Fuente, líder de la bancada del PAN, ha sido uno de los principales críticos. “Huele a que hay algo extraño y hay que hacer un análisis detallado”, expresó, exigiendo que la Auditoría Superior del Estado investigue si existen elementos constitutivos de delitos. De la Fuente calificó al actual gobierno como “el más corrupto de Nuevo León”.
Por su parte, Jesús Elizondo, diputado de Morena, prometió que su partido luchará contra cualquier acto de corrupción.
“Es preocupante que se den estos hechos, y no vamos a permitirlo”, afirmó.
Mientras tanto, Sandra Pámanes, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, aseguró que el proceso fue transparente y que la Contraloría estatal tiene toda la información necesaria para despejar dudas.
Implicaciones para el Transporte Público en Nuevo León
El caso no solo impacta al ámbito político, sino también a los usuarios del transporte público, quienes enfrentan un sistema que, a pesar de las millonarias inversiones, sigue siendo deficiente. La polémica en torno al contrato plantea preguntas sobre cómo se utilizan los recursos públicos y si realmente se están beneficiando las necesidades de la ciudadanía.
¿Qué Sigue para Nuevo León?
La presión sobre las autoridades para esclarecer este contrato sigue en aumento. La Auditoría Superior del Estado podría jugar un papel clave en determinar si hubo irregularidades y, de ser así, en emprender acciones legales. Por ahora, el caso de Ego Móvil se perfila como un nuevo capítulo en el debate sobre transparencia y rendición de cuentas en Nuevo León.
