La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ayer declarar infundada la controversia presentada por el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, en un intento por frenar la intervención del Poder Judicial en la gestión de la Defensoría Pública del Estado. La decisión se tomó con un margen ajustado, con tres votos a favor y dos en contra, reafirmando así la autoridad del Consejo de la Judicatura en este ámbito.
Los ministros de la Primera Sala de la SCJN validaron dos acuerdos del Consejo de la Judicatura que habían sido impugnados por el Estado. Estos acuerdos incluyen la designación de Luis Alberto García Alcántar como nuevo titular del Instituto de la Defensoría Pública y la reubicación de la sede del Instituto al Poder Judicial del Estado.
La resolución establece que el Poder Judicial tiene la titularidad sobre la Defensoría Pública, lo que confirma su autonomía y capacidad para operar sin interferencias externas. En sus palabras, la Corte declaró: “Se declara infundada la controversia constitucional y se reconoce la validez de los oficios y acuerdos impugnados”.
Implicaciones para el Gobierno de Nuevo León
Con esta resolución, el Gobernador Samuel García no podrá presentar más impugnaciones sobre este asunto, lo que significa que deberá acatar la decisión de la SCJN y transferir el presupuesto correspondiente a la Defensoría Pública al Consejo de la Judicatura. Esto marca un cambio significativo en la gestión de la Defensoría, que ahora estará bajo la supervisión directa del Poder Judicial.
Las fuentes cercanas al caso indicaron que la decisión de la Corte es definitiva y que el Gobierno del Estado ya no tiene opciones legales para revertirla. La confirmación del control del Poder Judicial sobre la Defensoría Pública subraya la importancia de la independencia judicial en el sistema legal de Nuevo León.
Contexto Político en Nuevo León
Este fallo se produce en un contexto de tensión entre el Gobernador García y los partidos políticos PRI y PAN. En febrero de 2023, el Congreso del Estado aprobó reformas que permitieron que el Instituto de la Defensoría Pública pasara a formar parte del Poder Judicial. Esta decisión generó un intenso conflicto legal entre el Ejecutivo estatal y el Poder Judicial, culminando en la controversia que ahora ha sido resuelta por la SCJN.
Javier Navarro, Secretario General de Gobierno, fue abordado para conocer la postura oficial sobre la resolución de la Corte. Sin embargo, se limitó a señalar que existe un fallo previo del Ministro Jorge Pardo que cuestiona la validez de ciertos decretos relacionados con este tema por no cumplir con los requisitos legislativos, eludiendo pronunciarse sobre la decisión fundamental de la Corte.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia representa un golpe significativo para el Gobernador Samuel García y su administración, reafirmando el papel del Poder Judicial en la gestión de la Defensoría Pública. Este desarrollo podría influir en la dinámica política en Nuevo León y en la relación entre el Ejecutivo y los poderes judiciales en el futuro. La independencia del Poder Judicial es esencial para el fortalecimiento del estado de derecho y la protección de los derechos de los ciudadanos, lo que se espera que se traduzca en un mejor acceso a la justicia para los habitantes de Nuevo León.
