En una decisión que ha sorprendido a muchos, el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García y su Secretario de Movilidad, Juan Carlos Villarreal, ha defendido el reciente aumento en las tarifas del transporte público, a pesar de haber sido críticos fervientes del mismo incremento cuando no estaban en el poder. Este giro de 180 grados ha generado un amplio debate, al poner de manifiesto una incongruencia que, según algunos opositores, revela el doble discurso de los actuales líderes estatales, quienes, en su momento, criticaron severamente la propuesta de aumento que intentó aplicar el exgobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” en 2019.
Este cambio de postura ha llamado la atención no solo por el aumento en sí, sino por las justificaciones que ahora dan las autoridades para defender lo que anteriormente consideraban un golpe a la economía de las familias neoleonesas. El nuevo ajuste, que ha elevado las tarifas de 12 a 15 pesos, podría llegar a los 21 pesos a finales de 2024, una cifra que ha sido vista por muchos como excesiva y comparable con las propuestas de “tarifazo” previas que tanto criticaron cuando eran oposición.
De opositores a defensores del tarifazo
En 2019, Samuel García y su partido, Movimiento Ciudadano (MC), fueron de los principales críticos del alza en las tarifas del transporte público, argumentando que este tipo de decisiones afectaban de manera directa a las familias de Nuevo León, especialmente a aquellas con menos recursos. El rechazo de García a los aumentos en ese entonces fue tan enfático que se convirtió en una de las principales plataformas de su campaña política, prometiendo que bajo su gobierno no se permitirían “tarifazos” que afectaran a los usuarios.
Sin embargo, hoy, en el poder, el mismo gobernador y su equipo han dado un giro a su postura, defendiendo el aumento actual de las tarifas como una medida necesaria para cubrir el déficit operativo de los transportistas y mejorar el servicio público. La defensa del incremento de tarifas por parte de los mismos que en su momento se opusieron con firmeza a estos aumentos ha generado críticas tanto de sus opositores como de la ciudadanía, que perciben esta actitud como una clara contradicción.
El Secretario de Movilidad, Juan Carlos Villarreal, justificó el aumento, señalando que este es un paso necesario para asegurar la viabilidad del sistema de transporte en el estado, argumentando que el incremento es imprescindible para renovar la flota de unidades, así como para cubrir los crecientes costos operativos. Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar, pues muchos consideran que el gobierno de García está repitiendo una estrategia similar a la que, en su momento, calificaron como un maltrato a los ciudadanos.
La sorpresa del aumento y la oposición
El reciente incremento en las tarifas del transporte público, que ya elevó los costos de los camiones verdes y las rutas tradicionales de 12 a 15 pesos, ha tomado por sorpresa a muchos, pues aunque el gobierno había hablado de una posible revisión de tarifas, pocos esperaban que este cambio se diera con tan poco aviso y en medio de una situación económica delicada para muchas familias en Nuevo León.
La crítica ha sido especialmente fuerte desde el Congreso local y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quienes han señalado que el aumento tiene un impacto directo en la economía de los usuarios, especialmente en aquellos que utilizan el transporte público como su principal medio de transporte. La CEDH ha ido aún más lejos, calificando el incremento como una posible violación a los derechos humanos de los ciudadanos, al dificultar el acceso a un servicio básico para millones de personas en el estado.
Este tipo de decisiones también ha generado malestar en la ciudadanía, que ha manifestado su descontento en redes sociales y a través de protestas. Los ciudadanos sienten que este tipo de medidas no solo son innecesarias, sino que afectan principalmente a aquellos con menos recursos, quienes ya enfrentan una situación económica complicada debido a otros factores como la inflación y los altos costos de vida.
El nuevo aumento en las tarifas del transporte público en Nuevo León también ha reabierto el debate sobre la falta de mejoras sustanciales en el servicio de transporte. A pesar de los incrementos anteriores, muchos usuarios siguen enfrentando problemas con la calidad del servicio, la inseguridad en las unidades y las condiciones de las rutas. Para muchos, el aumento de tarifas no ha venido acompañado de mejoras tangibles, lo que ha generado una creciente frustración y desconfianza hacia el gobierno estatal y sus promesas de modernización.
El gobierno de Samuel García y su equipo defienden la necesidad de este aumento para poder mejorar el sistema de transporte público y garantizar su continuidad en el tiempo. No obstante, los opositores aseguran que lo que está ocurriendo es un esfuerzo por cubrir un déficit operativo que podría haberse evitado si se hubieran tomado otras medidas más efectivas y equitativas, como una mejor planeación y un mayor control de los recursos destinados al transporte público.
La contradicción entre las posturas anteriores del gobierno de García y su postura actual está generando incertidumbre entre los ciudadanos. Aquellos que votaron por el gobernador en su promesa de ser un político diferente, que no cedería ante las presiones del sistema, ahora se sienten defraudados al ver cómo sus promesas no se han cumplido y cómo, en lugar de buscar soluciones a largo plazo, el gobierno parece optar por medidas inmediatas y costosas para los usuarios.
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